La ayuda municipal permite salir adelante a la familia a la espera de los tribunales

La Audiencia Nacional ya tiene en sus manos una querella colectiva presentada por los allegados de los 21 marineros fallecidos y deberá decidir si existe responsabilidad penal en la actuación del patrón del pesquero, al que por ahora ha privado de la posibilidad de salir del país. La versión de los supervivientes es contradictoria ya que mientras el patrón culpa del naufragio a un fallo en el motor, uno de los tripulante que sobrevivió tras permanecer cinco horas a la deriva en el océano a bordo de una balsa, culpa al jefe de no querer soltar las redes cargadas con la pesca, que fueron las que acabaron escorando el barco, a pesar de las advertencias de los marineros.

«Para la familia es muy duro no saber lo que pasó realmente», afirma Cristopher, que no entiende porqué desde el primer momento no se inició una investigación a fondo o los motivos por los que el Gobierno no financia un operativo para rescatar los cuerpos de los fallecidos.

El pastor se ha visto estos meses atrapado en un mar de burocracia. A él le ha tocado ayudar a los familiares de Apaanah y Michael, ya que unos no dominan el idioma y los otros ni siquiera están en el país. Por suerte, ha contado con el apoyo de Cáritas, que les ha brindado servicio jurídico y que ha localizado un despacho jurídico especializado en este tipo de sucesos. Pero de momento, las familias no han percibido ni un euro de indemnización.

Para salir adelante, ha sido fundamental la ayuda del Ayuntamiento. La administración local ha dado una prestación de 600 euros a la viuda durante los primeros meses para que pudiera salir adelante mientras tramitaba la pensión de viudedad, que ya por fin está aprobada. Las instituciones públicas también corrieron con parte de los gastos del entierro y la repatriación del cadáver.

«Miranda se ha volcado y la familia está muy agradecida», reconoce Cristopher, que destaca también la solidaridad de la comunidad africana, que también ha recaudado dinero para que a la viuda y los hijos de Apaanah no les falte de nada.

Pero seis meses después de la tragedia, ni la empresa armadora del pesquero ni las compañías de seguro han indemnizado a las víctimas. Todas las partes implicadas eluden su responsabilidad y el caso deberá resolverse en los tribunales, lo que será un camino largo. «Es increíble que en una situación así, con el drama humano que supone perder a un familiar en estas circunstancias, las familias queden totalmente desamparadas y tengan que sobrevivir gracias a ayudas porque nadie les paga lo que les corresponde», lamenta Cristopher.