El absentismo de los funcionarios supone 2.452 jornadas perdidas

Y es que la plantilla de la administración local tiene un 325% más de absentismo que la media general del sector de administraciones públicas, lo que supone que se han perdido 2.452 jornadas de trabajo durante el último año, según denuncia la concejala de Personal.

Los datos fueron presentados por la mutua en el último comité de Seguridad y se hacen públicos como respuesta a las acusaciones vertidas por el CSIF, sindicato que ha recurrido al Procurador del Común y al subdelegado del Gobierno en Burgos ante lo que consideran un «ninguneo» constante por parte del equipo de gobierno socialista a sus reivindicaciones para mejorar la salud de los empleados municipales.

Desde la concejalía de Personas se asegura que el pliego de prevención laboral está ya en proceso de contratación y que los sindicatos lo saben porque han participado de la negociación del mismo, y que dicho pliego incluye el estudio de riesgos psicosociales y los planes de emergencia demandados por CSIF. Respecto al plan de Igualdad «hemos dado la información que han solicitado pero seguir diciendo que hay errores sin concretar cuales son para poder solventarles, es no querer avanzar», afirma la edil Matilde Fernández.

«Hablan de precariedad en los puestos de trabajo de Servicios Sociales porque son interinos o temporales. Si tan preocupados están por la temporalidad en el Ayuntamiento, la solución es sacar ofertas de empleo público, a las que han votado en contra sistemáticamente», asegura Fernández respecto a las criticas sindicales a su gestión. Además, la concejala matiza que las condiciones laborales dentro de la administración local «son óptimas» aunque no oculta que «el objetivo es tratar siempre de mejorar».

Las acusaciones del CSIF también apuntaban a la falta de material adecuado en Policía Local, asegurando que los chalecos antibalas están a punto de caducar, algo que el equipo de gobierno desmiente rotundamente ya que el vencimiento de los mismos es en octubre, «fecha en la que se cambiarán de nuevo, como es lógico».

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, el sindicato «no está preocupado realmente por la seguridad de los agentes sino que busca una polémica injustificada. Dentro del presupuesto para este año está la partida para renovarlos».

También hay un dinero reservado para acometer las reformas requeridas por la Inspección de Trabajo en las dependencias policiales. «Esta misma semana los técnicos del departamento de Obras hemos estado tratando este asunto en la sede. Entre otras cosas vamos a reformar la escalera interior y el armero», puntualiza Pablo Gómez.