El complejo San Millán y el traslado del IES Sagasta a Maristas se llevarán al Parlamento

Los cuatro diputados de Ciudadanos se abstendrán en la elección del presidente -presumiblemente la próxima semana-, por lo que Ceniceros será presidente de La Rioja en la segunda votación, en la que ya solo es necesaria una mayoría simple del Parlamento. A partir de ese momento, empezará a desarrollarse el acuerdo al que han llegado ambos partidos y que estará sometido a revisiones trimestrales. En caso de incumplimiento o de desacuerdos, el partido liderado por Diego Ubis podría bloquear la labor legislativa del nuevo Gobierno o propiciar una moción de censura si la situación se volviera insostenible. «Ejerceremos una dura oposición», señaló.

El documento que se firmó ayer en el Hotel Los Bracos de la capital riojana -ya es el segundo que se propicia en este emplazamiento- contempla como principales medidas la suspensión de las obras del complejo San Millán y el traslado del IES Sagasta al antiguo solar de Maristas. El objetivo de esta línea de trabajo es evaluar en las comisiones parlamentarias correspondientes, junto con el resto de fuerzas políticas, la viabilidad de ambos proyectos y las actuaciones que pueden ponerse en marcha, «teniendo en cuenta el proyecto de ciudad establecido por el Ayuntamiento de Logroño, y las necesidades prioritarias en el ámbito de la sanidad, la educación, la cultura, el comercio y la reactivación económica».

Paso a paso. Etapa a etapa. Así declaró el todavía presidente en funciones de La Rioja y máximo mandatario del PP en la Comunidad, Pedro Sanz, que se irá desarrollando la relación entre los dos partidos ayer reunidos, por lo que todavía quedarán pendientes de negociar aspectos como su cargo de senador autonómico. Preguntado por la relación entre la firma de este acuerdo y su marcha -no aparece en el documento-, se refirió a sus manifestaciones de la semana pasada en las que aseguraba que era un decisión personal, pese a que la formación naranja señalaba que era una de las condiciones, y señaló que, si alguien busca algún tipo de conflicto, con él no lo va a tener. «No voy a hacer análisis de ningún tipo de agua pasada», remató de forma contundente.

Lo que sí aparece entre las casi treinta medidas es la licitación, en el primer semestre de la legislatura, de auditorías de gestión externas de los convenios y contratos de sanidad, servicios sociales y deporte de los últimos ocho años, así como la reforma de la Ley electoral autonómica en los próximos dos años. Esta modificación pretende reducir el umbral de votos para entrar al Parlamento de La Rioja al 3% (actualmente en el 5%), listas abiertas, descenso de los gastos electorales en un 50%, envío conjunto de todas las papeletas de voto a todos los hogares y la limitación de mandatos a ocho años para los presidentes.

Al igual que ocurre en otras comunidades y pactos, el partido de Albert Rivera ha impuesto como condición para el acuerdo la separación inmediata de todo cargo público imputado por corrupción hasta la resolución completa del proceso judicial, así como el compromiso de no incluir a imputados por corrupción política en las listas electorales. También se ha propuesto suprimir los aforamientos de todos los cargos públicos a nivel autonómico, por lo que será necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía.

La transparencia se basará en el Open Data -disponibilidad de todos los datos públicos de manera directa- y el derecho a ser informado con «transparencia total, absoluta y de fácil acceso». La financiación de los grupos parlamentarios también se someterá a su publicación anual especificando las aportaciones recibidas y su utilización.

Para reactivar económicamente la Comunidad, propuestas más bien generales salvo alguna como reducir el tramo autonómico del IRPF del 1,5% al 2% y una auditoría de todos los contratos licitados en el soterramiento de Logroño para una posterior refinanciación. El resto es una apuesta por la investigación y el desarrollo tecnológico, el avance hacia una Administración única y la creación de una comisión de expertos para reducir todas las leyes, decretos y ordenanzas de puesta en marcha de una empresa. La finalidad es simplificar la legislación, para lo que se elaborará un plan más concreto en los seis primeros de la legislatura.