SOS de España, Italia, Grecia y Malta para que Europa no les deje solos ante la ola migratoria

Estas cuatro naciones, adonde llegan la mayor parte de los migrantes y demandantes de asilo que pretenden comenzar una nueva vida en el Viejo Continente, dejaron claro que «no pueden hacer frente a la presión migratoria de toda la Unión Europea». Lo hicieron con una carta que los jefes de Gobierno de Madrid, Roma, Atenas y La Valeta enviaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al del Consejo Europeo, Charles Michel; y a la canciller alemana, Angela Merkel, presidenta de turno de la UE. El contenido de este documento de trabajo fue dado a conocer durante la cumbre bilateral que los Ejecutivos español e italiano mantuvieron en Palma de Mallorca.

«Cuando habitamos una casa común, y somos muchos, todos tienen que ver que no pueden quedarse solo con las comodidades, hay que asumir las cargas», comentó el presidente español, Pedro Sánchez, que lanzó un mensaje a las naciones de Europa oriental, las más reticentes a acoger a una parte de los migrantes que llegan a los países meridionales. La carta enviada a los dirigentes de la UE insiste precisamente en que debe llevarse a la práctica una «redistribución obligatoria» de los extranjeros, así como una garantía de que se ponen en marcha extradiciones «patrocinadas» por naciones europeas diferentes a la de llegada. «El contexto histórico y los flujos migratorios pueden cambiar, y mañana pueden venir del Este. No puede ser que un país soporte toda la carga», enfatizó Sánchez.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se expresó en la misma línea. «Debemos trabajar para conseguir mecanismos europeos que logren una redistribución eficaz de los migrantes, así como reforzar el sistema de extradición», comentó el jefe de Gobierno de Italia, que mantiene una gran sintonía con el Gabinete de coalición español. Tras décadas de mutua desconfianza, la pandemia propició un entendimiento entre ambos países, como quedó patente en el frente común que mantuvieron el pasado mes de julio en Bruselas, cuando se negoció el gran pacto europeo de recuperación económica para hacer frente a la crisis del coronavirus.

La aprobación del nuevo pacto migratorio augura una discusión tan compleja como la del pasado verano, por lo que no se espera que pueda hacerse realidad antes del próximo año. De ahí la toma de posición de España, Italia, Grecia y Malta, que piden encontrar «soluciones coordinadas» para los «desafíos comunes» de la UE y advierten de que resultarían «inaceptables» más casos similares al de la isla helena de Lesbos, con miles de inmigrantes hacinados durante años en condiciones terribles. Subrayan que hay que impedir «efectos indeseados», como la creación de «grandes centros cerrados en las fronteras externas».

Los cuatro países firmantes de la petición a Bruselas dejan claro que los controles de sus fronteras deben mantenerse en sus manos, pues no está ahí la raíz del problema. La dificultad viene a la hora decidir qué se hace «con aquellos seres humanos que son traficados por mafias y que corren el riesgo de morir en el mar», apuntó Sánchez. «No se puede dejar a un país solo», le hizo eco Conte, harto de que los socios europeos de Italia miren hacia otro lado frente a los migrantes que llegan a la isla de Lampedusa, como ocurre estas últimas semanas igualmente en Canarias. El documento enviado a los dirigentes europeos propone que se mantengan las reubicaciones obligatorias de manera estructural, evitando así tener que abrir nuevas negociaciones cada vez que se produce un repunte en los flujos migratorios.

La carta sigue la línea de la cumbre celebrada en La Valeta en septiembre del año pasado, cuando los ministros del Interior maltés e italiano, junto a sus homólogos francés y alemán y representantes de las instituciones europeas, llegaron a un acuerdo para la redistribución de migrantes en el continente. Aquel pacto, que no fue a más por las reticencias de otros socios de la UE, en principio afectaba solo a los extranjeros socorridos en el Mediterráneo central. El Gobierno español optó entonces por mantenerse al margen.