Las claves de la cumbre europea para la reconstrucción tras la pandemia

El presupuesto plurianual de la UE 2021-2027 (que incluye fondos de cohesión, ayudas a la agricultura, etcétera) y el plan de recuperación post coronavirus (denominado 'Next Generation EU') que va colgado de él. Si tradicionalmente el acuerdo sobre el primero requería horas de discusiones y tiras y afloja entre los Estados, en esta ocasión las dificultades se multiplican exponencialmente por ese plan extraordinario de emergencia, que en su momento se definió como 'nuevo plan Marshall'. Sobre la mesa dos grandes cifras: 1,074 billones de euros (la dimensión del presupuesto) y 750.000 millones (la del fondo).

Esos 750.000 millones de euros se dirigen principalmente a los países más golpeados por la pandemia (Italia, España o Francia, serían los más beneficiados). La propuesta de base que se negocia en esta cumbre respeta la distribución del proyecto previo de la Comisión Europea. Esto es, medio billón de euros de esos 750.000 serían transferencias no reembolsable y el resto, prestamos. El dinero ha de dirigirse a proyectos alineados con los objetivos de descarbonización y transformación digital, que son en realidad los que marcan el 'gran presupuesto'.

Porque el golpe del patógeno augura una recuperación desigual. Según las últimas previsiones de la Comisión Europea, el Producto Interior Bruto (PIB) de España se desplomará un 10,9%, debacle solo superada por Italia (-11,2%). Francia, la segunda gran potencia del euro caerá al -10,6%. Sin embargo el impacto será menor Alemania (-6,3%) y Países Bajos (-6,8%). La media de caída será del 8,7% en la zona euro y del 8,3% en el conjunto de la Unión. La recuperación parcial llegaría en 2021 con índices de crecimiento del PIB del 7,6% en Francia, 7,1% en España, 6,1 % en Italia y para los casos de Alemania y Holanda, 5,3 % y 4,6 %. Una recuperación a distintas velocidades que amenaza la integridad de un mercado interior muy interconectado.

Con una colosal emisión de bonos de deuda que lanzaría la Comisión Europea. Inicialmente se contemplaba comenzar a enjugarla en 2027 y liquidarla plenamente en 2058. El Consejo sugiere adelantar los primeros pagos a 2026. Además se contemplan nuevas tasas para obtener ingresos extraordinario. Algunas, como la digital, bloqueadas desde hace meses por desavenencias entre los socios. Ésta, en concreto, se quiere activar en 2021. Supondría un ingreso extra de 1.300 millones anuales que llegarían de tecnológicas con una facturación global superior a los 750 millones. A ellas se sumarían otras inyecciones 'extra' como 10.000 millones por la extensión a los sectores marítimo y a la aviación del comercio de emisiones; entre 5.000 y 14.000 millones vía peajes al carbono en frontera; 10.000 millones más por los beneficios que obtienen las grandes empresas del mercado interior o una tasa a los plásticos que supondría otros 4.000 millones más.

El cálculo es de hace más de un mes teniendo en cuenta parámetros como la población, los índices de desempleo hasta 2019, etcétera. La última propuesta de Charles Michel incluye que parte del fondo (en torno a un 30%, para asignación en 2022) atienda a magnitudes actualizadas, ligadas a la pandemia (cómo la caída sufrida por los PIB o los niveles de paro). Utilizando como referencia el cálculo inicial, a Italia le corresponderían más de 172.000 millones (81.800 en subvenciones y casi 91.000 en préstamos). Y España podría acceder a unos 140.000 (77.324 a modo de subsidios y 66122 en créditos). Por sectores, turismo (161.000) y comercio (más de 110.000 millones) liderarían una lista con cobertura importante también (de unos 65.000 millones) para la automoción.

Se podría hablar de tres bloques. Alemania está alineada con los países del Sur de Europa, los más castigados por la crisis pandémica. Con Francia abanderó una propuesta previa a la de la comisión que pivotaba sobre medio billón de euros en subsidios. Italia, España y otros países con su misma idiosincrasia han ido cediendo en los últimos meses. De pedir coronabonos (emisión de deuda solidaria) a solicitar un fondo de más de un billón sustanciado en ayudas directas, a contentarse con la actual estructura (los 750.000 con ayudas y préstamos). Cuatro países, los conocidos como frugales, -Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca- aceptan la emisión de bonos, pero no comulgan con ayudas no reembolsables. En este punto es La Haya la que quiere imponer las condiciones (reformas estructurales, validación por unanimidad de cada plan, etcétera). En el Este, menos golpeado por la pandemia, la inquietud está en poder sufrir una merma de ingresos vía fondos de cohesión y ayudas al desarrollo. Y en que pese en exceso la condición del respeto al Estado de Derecho (por ahí no pasarían ni Hungría ni Polonia, por ejemplo).

La propuesta de negociación con la que los líderes se sientan a la mesa asume un recorte del monto global del presupuesto plurianual; que de 1,1 billones pasa a 1,074. Los frugales siempre se han negado a poner encima de la mesa más del 1% de la Renta Nacional Bruta. La última cifra se acerca más a esa exigencia. Asimismo refuerza la condicionalidad para los países que acudan a las ayudas del fondo de recuperación: sus planes han de ser aprobados por mayoría cualificada (el 'ok' debe representar al 65% de la población europea) por el resto de socios, además de la supervisión semestral de cada uno de los hitos que se marquen. También se mantienen las 'compensaciones' o 'rebates' para los países que aportan más de lo que reciben del presupuesto. Esto es, 1.576 millones para Países bajos, los 3.671 para Alemania, 798 para Suecia, 237 para Austria y 197 en el caso de Dinamarca. A ello se ha añadido un fondo extra de 5.000 millones para los países que más sufriría la excisión de Reino Unido a partir del 31 de diciembre (se piensa en Irlanda, pero también Holanda o Bélgica se consideran muy damnificados).

La unanimidad de los Veintisiete Estados de la Unión Europea. Tanto para el presupuesto como para el propio fondo de recuperación. Pero el proceso no se cierra ahí. El Parlamento Europeo ha de ratificarlo y lo mismo sucede con los distintos parlamentos nacionales. La Eurocámara viene exigiendo a los líderes desde hace meses un plan ambicioso (más incluso que el que está encima de la mesa). Así que si le llegase uno muy diluido existe el riesgo potencial de bloqueo (aunque vista la dificultad de la negociación y la necesidad de que el dinero empiece a fluir, esa hipótesis hay que tomarla con precaución). Desde el club de los frugales, sus gobiernos insisten en que la supuesta permisividad actual del proyecto no pasaría los filtros de sus legislativos. Un argumento que esgrimen para defender sus posiciones ortodoxas.

El 'no acuerdo' o el pacto descafeinado e incluso la imposición de reformas estructurales que obliguen a nuevas políticas de austeridad en el sur dispararía el desapego hacia el proyecto comunitario. Ya hay indicadores que advierten de un nuevo golpe de euroescepticismo. Y son muy recientes, de esta misma semana. Los resultados del último Eurobarómetro (en base a 24.798 entrevistas telefónicas y encuestas digitales realizadas en junio) revelan la insatisfacción de al menos el 67 % de los españoles (un país que se ha destacado tradicionalmente entre los más europeistas). La actitud de insolidaridad que perciben de una UE que respondió al grito de 'sálvese quién pueda' durante el estallido de la crisis pandémica, que se enfrenta al bloqueo por los vetos de unos y otros y que no termina de tejer una respuesta coordinada frente al coronavirus pesan en el diagnóstico. Y el disgusto español no es aislado. La decepción es incluso mayor entre los habitantes de Luxemburgo (79 %), los italianos (77 %) y los griegos (68 %).