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Lourdes gómez
Londres
Martes, 2 de enero 2018, 01:00
La caída del ministro Damian Green se calculó con fría precisión. La jefa del Gobierno británico, Theresa May, despidió a su viejo y fiel aliado político, responsable del Gabinete y viceprimer ministro a efectos prácticos dos jornadas antes del receso navideño. Ese mediodía, desde su ... posición habitual en la bancada frontal de la Cámara de los Comunes, Green respaldó a la dirigente conservadora en sus réplicas a las cuestiones de colegas y diputados de la oposición. El futuro del secretario principal de Estado llevaba dos meses en candelero, pero en la última sesión de control del año nada sugirió el desenlace que se cocía en la retaguardia.
May atestó el golpe ese anochecer, cuando muchos parlamentarios regresaban a sus circunscripciones y Downing Street ultimaba los detalles de un viaje a Polonia que la 'premier' emprendió la mañana siguiente con los ministros de Exteriores y Defensa. Fue una rara demostración de control de los eventos y la agenda política desde el cataclismo de junio de 2017, cuando la sucesora de David Cameron perdió la mayoría en unas elecciones que no necesitaba convocar.
Conducta inapropiada. El secretario principal del Estado es acusado de ofrecer trabajo a cambio de favores sexuales
Precedentes. La Policía localizó en 2008 gran número de archivos pornográficos en el ordenador de su despacho
A Green le cogió la ola de alegaciones de abusos sexuales precipitada por Harvey Weinstein. Kate Maltby, comentarista de 31 años afín al Partido Conservador, le delató por haber presuntamente apretado «fugazmente una mano sobre mi rodilla» en un bar de la zona de Waterloo en 2005. El supuesto toqueteo ocurrió mientras el diputado le sugería opciones de trabajo y vías para entrar en la política profesional, según ella rememoró en 'The Times' a finales de octubre. Al año siguiente, Green retomaría contacto con un «sugerente» mensaje telefónico proponiendo tomar una copa con la entonces veinteañera.
Pero ha perdido sus cargos ministeriales por mentir sobre un embrollo pornográfico. Amigos del político conservador denuncian una 'vendetta' de dos policías que participaron en un registro de su oficina parlamentaria en 2008. Era responsable de Inmigración en el Gobierno 'en la sombra' y estaba bajo sospecha de recibir documentos confidenciales del Ministerio del Interior, dirigido por los laboristas. Uno de los agentes, ya jubilado, desveló en noviembre que se detectaron un sinfín de imágenes y enlaces a webs porno en el ordenador del diputado durante la redada. Esta segunda alegación contra el 'lugarteniente' de la primera ministra eclipsó el debate sobre abusos en posiciones de poder que Maltby quiso trasladar de Hollywood a Westminster, según la autora ha justificado en otra columna.
Green había negado estar al corriente del hallazgo de material porno en su ordenador en declaraciones a la prensa que resultaron ser «inexactas y engañosas». Una investigación interna juzgó que había infringido el código ministerial y May exigió su retirada del Gabinete. Aún así, el ministro caído reitera que nunca accedió ni visualizó imágenes pornográficas. Tampoco reconoce los eventos narrados por la periodista, aunque en su carta de dimisión «lamenta profundamente la angustia» que causó a la joven.
«¿Eres una buscalíos si hablas? ¿Eres cómplice si callas?», se cuestionó Maltby en su artículo inicial. Optó por hablar hace dos meses y ha vertido nuevas alusiones de comportamiento impropio sobre la misma diana. «Nunca hubiera hablado contra Damian Green de no estar segura al cien por cien de que su actitud conmigo formaba parte de una pauta establecida», escribió en Nochebuena. Maltby sostiene que la primera ministra estaba al corriente de las sospechas sobre la cuestionable conducta de su colaborador político y amigo personal desde la universidad.
2017 fue el año en que, por primera vez, hombres y mujeres alzaron la voz juntos en todo el mundo para denunciar el acoso sexual. En octubre, 'The New York Times' y 'The New Yorker' publicaron entrevistas con actrices de Hollywood que aseguraron haber sido víctimas por parte del afamado productor Harvey Weinstein. Fueron más de 80 mujeres las que señalaron que durante tres décadas se aprovechó de su condición de hombre poderoso.
La bola de nieve comenzó a rodar y cogió una dimensión que llegó a aplastar a otras 34 personalidades de la industria del cine, entre ellos el actor Kevin Spacey. Como respuesta surgió la campaña #Me Too para denunciar acosos y abusos, extendiéndose a todos los países e idiomas.
Las denuncias pronto alcanzaron al mundo de la política y el presidente de EE UU, Donald Trump, por sus comportamientos indebidos con las mujeres. Y así hasta Reino Unido, donde ya se han visto obligados a renunciar dos ministros y miembros del Parlamento.
Afirma además que otras dos mujeres tienen motivos «más serios» que ella para quejarse del trato dispensado por Green. Pero no alzarán la voz, según lamenta y denuncia la autora, en vistas al varapalo que ha sufrido en periódicos conservadores, de «amigos anónimos» del exministro y a la falta de apoyo institucional. «Este tipo de trato puede explicar por qué las mujeres son reacias con frecuencia a denunciar acoso sexual», añade en 'The Sunday Times' citando a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.
La cadena del 'Me too' ('Yo También') tuvo una fuerte difusión en Westminster. «He experimentado más acoso sexual como miembro del Parlamento que en mis veinte años de carrera en márketing y publicidad», confesó la diputada tory Maria Miller. «Necesitamos inundar todos los rincones oscuros del Parlamento y de la política en general con el desinfectante de la luz solar. No es aceptable el abuso de poder, ni que se abuse de la gente, ni que se eche toda la baraja contra quienes denuncian conductas inapropiadas», ha desafiado la jefa de los conservadores en Escocia, Ruth Davidson.
En el Parlamento británico se ha formado un grupo de trabajo para desarrollar un sistema de prevención de abusos de poder y un mecanismo para canalizar las quejas. Lo dirige la presidenta de los Comunes, Andrea Leadsom, y está formado por diputados de distintos partidos. Avanza en sus deliberaciones a un ritmo que muchos consideran excesivamente lento. «Es frustrante que no se hayan fijado más propósitos entre sus trabajos inmediatos», protestó la semana pasada el sindicato de periodistas NUJ.
La docena de parlamentarios bajo sospecha de acoso sexual que han salido a la luz se han investigado o siguen siendo examinados por los conductos internos de sus respectivos partidos. El caso de un diputado conservador ya se ha remitido a la Policía por la «severidad» de las alegaciones. Y un ministro, sir Michael Fallon, dimitió de su cargo en Defensa por comportarse «por debajo» del nivel esperado con su aparente costumbre de manosear la rodilla de mujeres sin el debido consentimiento.
Más trágica fue la muerte del miembro del Gabinete autonómico de Gales, Carl Sargeant. El consejero laborista se ahorcó el 7 de noviembre, tres días después de ser suspendido de sus cargos en la Asamblea de Cardiff por alegaciones de supuesto abuso sexual. Acabó con su vida sin saber de qué ni quien le acusaba, según ha criticado su familia.
El grupo de trabajo quiere poner en marcha un mecanismo de agravios y reclamaciones abierto a todos los trabajan en Westminster, desde ministros a becarios. Propone habilitar talleres y clases de formación como castigo en casos derivados de «quejas de bajo nivel», pero ha retrasado la definición de «sanciones apropiadas, justas y ejecutables en casos serios». El Partido Laborista reclama la designación «inmediata» de un experto en cuestiones de acoso sexual que actúe y asesore con independencia de los políticos.
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