Rodrigo Duterte, Harry el Castigador

El reo ejemplifica los condicionantes que debe cumplir un presidente filipino. El dirigente de esta república asiática, antigua colonia española, debe proporcionar cierta esperanza a más de 114 millones de habitantes, la mitad de los cuales se perciben a sí mismos como pobres, y asumir retos gigantescos en el plano económico, social, cultural o medioambiental. El crimen organizado es uno de los más importantes y el problema de la droga, con más de 1.3 millones de adictos, se encuentra estrechamente vinculado.

El desarrollo macroeconómico de las últimas décadas no ha favorecido a la población y la democratización es parcial ya que el poder político permanece en manos de una oligarquía vinculada a clanes familiares. El caso de Duterte lo demuestra. Este abogado de 79 años es hijo del gobernador de Dávao, y fue alcalde de la capital del mismo nombre, cargo que asume actualmente su hijo Sebastián, mientras que Sara, hermana del primogénito, es la vicepresidenta del país.

La Revolución del Poder Popular, movimiento ciudadano que derrocó al dictador Ferdinand Marcos, alentó el salto de Duterte al espacio político. La regeneración prometida fue fagocitada por personajes como él o Joseph Estrada, otro jefe de Estado implicado en graves asuntos de corrupción. El encausado inició su carrera política en Dávao, tercera urbe filipina, en 1986 y sumó veintidós años como regidor.

Su particular cruzada contra el tráfico de drogas se inició durante este periodo. Los críticos le acusan de emplear los escuadrones de la muerte conocidos como DDS (Davao Death Squad) para eliminar tanto a delincuentes como a niños de la calle, generalmente a través de pistoleros que no se camuflaban cuando irrumpían en lugares públicos y llevaban a cabo los asesinatos. La impunidad de los hechos, la inacción de Duterte o, incluso, la aprobación manifiesta, alentó la sospecha de connivencia. Además, en 2004 la presidenta Gloria Macapagal lo nombró asesor para la lucha contra la delincuencia, prueba del apoyo gubernamental a tales prácticas.

El apodo de El Castigador o Duterte Harry, por su similitud con la serie cinematográfica de Clint Eastwood, llegó por estas acciones punitivas. Pero no hubo reprobación más allá de los informes de las comisiones de Derechos Humanos. El respaldo electoral lo animó a probar fortuna en ámbitos más ambiciosos. Su victoria en las presidenciales de 2016 supuso la proyección a escala nacional de esa estrategia inmisericorde.

El problema radicaba en la existencia de un gran mercado de drogas como el crack o el shabu, una metanfetamina mezclada con cafeína que goza de gran aceptación en el Sudeste Asiático. La demanda propiciaba la expansión de bandas vinculadas a su tráfico que se burlaban de los cuerpos de seguridad y del aparato judicial. Entonces, surgieron los métodos expeditivos.

El permiso para matar propiciaba matanzas camufladas, según los investigadores, como reacciones de la Policía en defensa propia. El gobierno adujo que se habían reducido significativamente los índices de delincuencia, mientras que los detractores aseguraban que sólo se combatía a las capas más bajas del crimen y que muchos de los afectados eran inocentes que estuvieron en el lugar improcedente en el momento más inoportuno.

El presidente fue tachado de fascista. La secretaria de Justicia Leila de Lima denunció estas violaciones de la ley y fue encarcelada y procesada por tráfico de drogas. Pero el perfil político del jefe de Estado era heterogéneo y mezclaba métodos populistas y arbitrarios con medidas progresistas propias de su formación, el Partido PDP-Laban, de tendencia socialdemócrata. Esa mixtura resultaba paradójica ya que apoyaba el matrimonio igualitario e impulsaba iniciativas para ofrecer cierta cobertura universal sanitaria, acceso libre a la enseñanza superior, distribución gratuita de la píldora anticonceptiva a los más pobres, y el cierre de explotaciones mineras contaminantes.

El favor popular, que alcanzó máximos del 70%, contrastaba con la reprobación de Estados Unidos y la Unión Europea. Previsor, el jefe de Estado ordenó la retirada de la Corte Penal Internacional e, incluso, amagó con abandonar la ONU. Su posición se debilitó tras la salida del ejecutivo y su relevo por el opositor Ferdinand Marcos junior. El nuevo dirigente cambió la lucha sucia por programas de prevención y rehabilitación.

Duterte perdió el control de su formación hace unos meses y su posición política se volvió débil. La entrega al tribunal le incluye en un selecto club de ex presidentes juzgados al que han pertenecido, entre otros, el serbio Slobodan Milosevic o el liberiano Charles Taylor. Ahora, el mayor escollo radica en probar las acusaciones e impedir que los testigo fallezcan antes de declarar.