Las penas de muerte aumentan en Irán y Arabia Saudí

«Tras el descenso de las cifras en 2020, Teherán y Riad volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos», critica Agnès Callamard, secretaria general de AI. ¿A qué se debe este aumento? La organización asegura que a medida que las restricciones del Covid-19, que habían retrasado los procesos judiciales, se fueron levantando a nivel internacional, los jueces dictaron al menos 2.052 sentencias de muerte en 56 países; un aumento del 40% respecto al año en el que estalló la crisis sanitaria a nivel global.

Los grandes repuntes se han dado en Bangladesh (181 frente a 113), India (144 frente a 77) y Pakistán (129 frente a 49). «En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos», alega Callamard.

Tal y como refleja el informe, el aumento de los ajusticiamientos en Irán se debe, en parte, a las drogas, lo que supone una «flagrante violación del derecho internacional». En ese sentido, el número de ejecuciones registradas por delitos de este calibre se multiplicó por más de cinco (pasó de 23 en 2020 a 132 en 2021). También aumentó la cifra respecto a las mujeres, pasando de nueve a catorce, y al menos tres personas que tenían menos de 18 años cuando cometieron el delito perdieron la vida de esta forma, «en contra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional».

Este tipo de castigos aumentaron de manera significativa también en Egipto (donde en 2021 se registraron hasta 356 condenas de muerte frente a los 264 del año anterior), Irak (91 frente a 27), Myanmar (86 frente a 1), Vietnam (119 frente a 54) o República Democrática del Congo (81 frente a 20). También, en menor medida, en Somalia (21 frente a 11), Sudán del Sur (9 frente a 2) y Yemen (14 frente a 5). Cabe destacar algunos países que en 2020 no llevaron a cabo ni una sola ejecución pero que al año siguiente cambiaron la tendencia, como Japón (realizó tres), Bielorrusia (una) y Emiratos Árabes Unidos (una).

Amnistía Internacional hace hincapié, asimismo, en el uso de la pena de muerte como instrumento de represión estatal contra minorías y manifestantes. Es el caso de Egipto, cuyas autoridades recurrieron a la «tortura y a las ejecuciones masivas», a menudo tras juicios «injustos» ante tribunales de seguridad para el estado de excepción. Por otro lado, Myanmar condenó a muerte a unas noventa personas en lo que se interpretó ampliamente como una «campaña selectiva contra manifestantes y periodistas», mientras que Irán hizo lo propio contra minorías étnicas por cargos poco precisos como «enemistad con Dios».

Pese al escalofriante panorama, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que AI ha registrado desde 2010. Como en años anteriores, en estos informes no se incluyen China ni Corea del Norte, donde «siguen ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo pero, como siempre, lo poco que vimos fue motivo de gran alarma», denuncia la secretaria general de la organización.