Noche de ‘narcoguerra’

Pero a la mayoría de los ciudadanos de Quezon City, una de las ciudades que componen la capital Metro Manila, la comisaría de Batasan no les hace ninguna gracia. De hecho, es una de las que acumulan mayor número de muertes en la guerra contra la droga que comenzó el día en que el actual presidente, Rodrigo Duterte, juró su cargo. Entre aquel 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, sus agentes mataron a 108 personas. «Siempre en defensa propia», puntualiza Cejas, quien muestra en su ordenador el vídeo de un agente herido unos días atrás en una operación. «Los criminales tienen armas y no dudan en dispararlas contra nosotros. Lógicamente, respondemos al fuego enemigo», añade.

En las imágenes aparece el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Ronald ‘Bato’ de la Rosa, hablando con el agente que se recupera en el hospital. Duterte y ‘Bato’, que han hecho del puño su bandera, lograron reducir la delincuencia a tiros en Davao, la principal ciudad de la isla sureña de Mindanao. De hecho, la Coalición Contra las Ejecuciones Sumarias estima que ambos permitieron, e incluso alentaron, el asesinato a manos de escuadrones de la muerte de 1.424 personas, sobre todo pequeños delincuentes, entre 1998 y 2015. Duterte fue alcalde trece de esos diecisiete años.

En cualquier caso, es una cifra nimia si se compara con los 4.000 muertos que ha dejado ya la guerra contra la droga según la propia Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés). Diferentes ONG pro derechos humanos elevan el número de víctimas mortales hasta 13.000, y alegan que dos tercios de los asesinatos se cometen por justicieros vestidos de civil que trabajan en connivencia con la Policía. El tercio restante se produce en operaciones en las que los agentes alegan defensa propia aunque resulte evidente que no lo ha sido.

«Eso no es cierto. Nosotros respetamos los derechos y la dignidad de las personas», afirma Cejas, quien solo lleva dos meses al frente de esta comisaría. Dicen que su objetivo es limpiar el mal nombre que le ha granjeado su antecesor, Lito Patay. Y, en el mostrador de recepción, un póster situado debajo de adornos navideños detalla el objetivo de Batasan para 2030: «Convertirla en la mejor comisaría del país. En un modelo de integridad, transparencia, respeto y servicio ciudadano». Detrás, los agentes le han puesto un gorro de Papá Noel a la figura de cartón hecha con una fotografía de ‘Bato’ de la Rosa.

Los policías de la división antidroga, que visten de paisano y no pueden ser fotografiados, se preparan para tareas de vigilancia mientras los uniformados de las fuerzas especiales forman a la entrada del sobrio edificio de hormigón. Son una veintena, se cuadran en dos filas, y sorprende lo heterogéneo de su vestimenta. Algunos están ataviados con camisa de manga larga; otros, con un mero polo de manga corta. Unos están protegidos por chalecos antibalas; otros no. Los de la primera fila van armados con pistolas Colt del calibre 45 y fusiles automáticos americanos; los de la segunda fila tienen revólveres del calibre 38. Con la excepción de un cabo y del sargento Almara, que dirige la operación, ninguno porta distintivo alguno. Salvo que se les conozca, es imposible identificarlos. Tampoco están equipados con las cámaras corporales que los defensores de los derechos humanos reclaman para evitar desmanes. Así, en caso de que se salten la ley, será muy difícil probarlo.

Almara explica que esta noche la operación consiste en colocar controles sorpresa en las zonas más conflictivas, los barrios de Payatas. «No hay operaciones antidroga porque todavía estamos recabando información de unos sospechosos, pero en estos controles es habitual que caigan traficantes», explica el sargento cuando subimos al todoterreno en el que viajamos a una velocidad que se antoja supersónica para las siempre colapsadas calles de la capital filipina.

El resto de los agentes viaja en moto hasta una concurrida intersección en la que se monta el primer control en tres minutos. «Hay que ser rápidos, y nunca estamos más de una hora en cada lugar porque los delincuentes se avisan entre sí y dejan de ser efectivos», cuenta Almara. Los vehículos aminoran automáticamente la velocidad y se palpa la tensión.

Un policía con una potente linterna se sube a la mediana y va señalando los vehículos que deben parar. Sobre todo, motocicletas. A unos veinte metros, cuatro agentes aguardan empuñando sus fusiles de asalto. Los conductores van deteniéndose en la acera, muestran su documentación, abren los maleteros, y siguen su camino. «Los policías son los delincuentes», murmura uno cuando ve al periodista extranjero.

De repente, uno de los agentes señala a un motorista y comienza a gritar. Viaja sin matrículas y con una adolescente de ‘paquete’. No se detiene de inmediato, así que dos agentes le apuntan con sus fusiles y el dedo en el gatillo. El joven, de unos 25 años, está nervioso. «Posiblemente drogado», avanza Almara. Mientras uno de sus hombres lo tiene a tiro, otros dos le cachean. Ven que no lleva tatuajes y se relajan un poco, pero le hacen abrir la boca y sacar la lengua para comprobar que no esconde droga. Y tampoco dudan en mirar qué hay debajo de los calzoncillos. Se ríen de lo que ven. Él, con los brazos en alto, también suelta una carcajada histérica. La chica que le acompaña se mantiene seria y se tapa la cara. Nadie sabe quién es. La apartan para verificar su identidad y qué hace con el joven, que será diez años mayor que ella. Dos agentes retiran piezas del ‘scooter’ hasta dejarlo en el chasis. Nada. Limpio.

En los dos siguientes controles se repite la misma historia. Los agentes se muestran contundentes, pero no violentos. Y la droga no aparece por ninguna parte. En un recorrido por una de las barriadas más pobres, un hombre borracho demuestra el miedo que provoca la Policía: nada más ver el coche, levanta los brazos y se coloca de cara a la pared con las piernas bien separadas. Los agentes vuelven a reír. «Espero que haya podido ver que operamos con tacto y transparencia», se despide Cejas.

Pero, al día siguiente, en el distrito de Caloocan, se demuestra que la violencia no cesa. Justicieros acuchillaron a un joven sospechoso de menudear con droga y la familia lo entierra sin esperanza de que se encuentre a los asesinos, aunque en sus camisetas se puede leer ‘Justicia para Rodel’. No lejos de allí, otra familia vela el cuerpo de un hombre tiroteado en la cabeza por motoristas enmascarados. La Policía se limita a denominar los casos DUI (muerte en proceso de investigación, por sus siglas en inglés). Sin embargo, nadie duda de que la etiqueta apropiada es EJK (ejecución extrajudicial).

Son los dos acrónimos más habituales de Filipinas desde que Duterte alcanzó la presidencia. En este período, ha amenazado tres veces con eliminar a quienes están relacionados con la droga. «Mejor que escapéis, porque os voy a matar». «Con vuestros cuerpos daré de comer a los peces en Manila», prometió ya en campaña. «Hitler masacró a tres millones de judíos. Nosotros tenemos tres millones de drogadictos. Los mataré con gusto», dijo ya como máximo responsable del país.