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a. g.
Jueves, 17 de agosto 2017, 02:22
Al menos 37 personas murieron y 14 funcionarios resultaron heridos ayer durante la toma del Centro de Detención Judicial de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, según informó el Ministerio Público (MP). El gobernador del lugar, el opositor Liborio Guarulla, fue ... el primero en denunciar la tragedia, y aseguró que la «masacre» ocurrió por la actuación de una Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que intentó tomar «por la fuerza» la prisión. Dicho grupo representaba el 40% de la población carcelaria, que albergaba un centenar de reos.
Según testigos presenciales, el incidente se originó en el momento en el que una comisión mixta de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana practicaba una requisa. Los calabozos y los centros de prisión preventiva del país petrolero, controlados por autoridades municipales y el Ministerio de Interior, mantienen los números más altos de hacinamiento, violencia, armas y drogas controladas por los propios reclusos, gracias a la corrupción de los funcionarios policiales.
Venezuela es el tercer país con la menor población reclusa de la región y cuenta, según datos oficiales, con un promedio de 166 internos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido por años uno de los más violentos de América Latina. Por este motivo, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha implementado un plan de pacificación de las cárceles que dirige el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Entre otras medidas, ha decretado un régimen militarizado en más de la mitad de las prisiones del país, pero aún no ha logrado desarticular las más violentas.
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