Trabajar gratis un día al año: la polémica propuesta para reducir el déficit de Francia

Con las cuentas del 2025, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro François Bayrou quiere disminuir el elevado déficit público. Pretende bajarlo del 6,1% del año pasado al 5,4% del PIB. «Vamos a reducir en más de 30.000 millones de euros el gasto público», indicó la ministra de Finanzas, Amélie de Montchalin, quien presumió de que «se trata del mayor esfuerzo en los últimos 25 años». El hecho de llevar a cabo estos recortes, que ya supusieron la censura y dimisión en diciembre de Michel Barnier, anterior responsable del Ejecutivo, se augura más que complejo en uno de los países con una mayor conciencia social. Y aún más teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria del gabinete gubernamental.

Por este motivo, el Ejecutivo galo ha resucitado en los últimos días una serie de propuestas poco ortodoxas. Por un lado, propuso aumentar las tasas para los jubilados con unas pensiones más elevadas, pero las reticencias que generó esa medida comportaron que fuera descartada rápidamente. Por el otro, -y tiene más posibilidades de salir adelante- contempla pedir a los empleados, tanto de la administración como de las empresas, que trabajen gratis siete horas al año, es decir, el equivalente de una jornada laboral.

Francia es uno de los países europeos con un derecho laboral más protector. La jornada semanal es de 35 horas, aunque hay flexibilidad en su aplicación y en numerosos sectores los horarios son superiores. Desde que llegó al Elíseo en 2017, Macron tiene entre ceja y ceja aumentar el tiempo trabajado, a pesar de que la duración efectiva del trabajo anual fue en 2023 de 1.553 horas, un dato ligeramente superior al de Alemania (1.527 horas) e inferior a España (1.612), según un informe reciente del gabinete de estudios económicos Rexecode.

El día de trabajo gratuito «puede generar 2.000 millones de euros de ingresos para el gasto social», defendió Catherine Vautrin, la ministra del ramo, en una entrevista para el 'Journal du Dimanche'. Esta medida, de hecho, se inspira en otra de parecida adoptada en 2004 con la creación del 'Día de la solidaridad'. Básicamente, consistió en la supresión de una jornada festiva (el lunes de Pentecostés). El dinero generado no se ve reflejado en un aumento de los ingresos de los trabajadores, sino que se destina a una tasa social de las empresas con la que financian las ayudas a la dependencia.

Dos décadas después, sin embargo, la creación de un segundo 'Día de la solidaridad' suscita una mayor contestación. Los sindicatos se han opuesto de manera frontal. «No veo cómo el Parlamento puede aprobar una medida de este tipo y al mismo tiempo que los políticos se dediquen a explicar a lo largo del día que se debe valorar más el trabajo» a nivel económico, criticó Marylise Léon, secretaria general de la CFDT -la organización sindical con un mayor número de afiliados en Francia-.

También ha suscitado controversia en las filas de los partidos afines a Macron. Y el diputado David Amiel, que hasta 2022 ejerció como consejero político del presidente, ha presentado una enmienda en contra.