Sunak prepara a contrarreloj un plan B para exportar refugiados a Ruanda

El plan B se apoya en dos pilares que requieren el aprobado de ambas Cámaras del Parlamento británico. Por una parte, James Cleverly, que gestiona la cartera de Interior desde la destitución de Suella Braverman a principios de semana, supervisa la transformación del original Memorando de Entendimiento entre Londres y Kigala en un tratado internacional, legalmente vinculante, que incorpore salvaguardas en protección de los derechos de los refugiados acordes con el fallo unánime de los cinco jueces de rango más elevado del Supremo, el tribunal de máxima instancia del Reino Unido.

Además, Sunak anunció su intención de introducir «legislación de urgencia» a fin de que el Parlamento de Westminster «confirme que Ruanda es seguro». Choca así con el Supremo, que dio por probado que hay «motivos sustanciales para creer que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda corren el riesgo real de 'refoulment'», es decir, de que sean deportados directa o indirectamente a su país de origen, donde pueden sufrir tortura o persecución. El país africano, por tanto, no sería seguro en el contexto migratorio en el momento de los recursos legales.

En círculos legales se extiende la incredibilidad sobre la estrategia del primer ministro para salvar la política de Ruanda. Jonathan Sumption, experto constitucional y ex juez del Supremo, coincide con otros en alertar de que el plan de Sunak amenaza con minar los cimientos democráticos. «Nunca he oído de una situación en la que el Parlamento va a intervenir para declarar hechos -la seguridad o inseguridad de Ruanda- y cambiar una realidad que los tribunales han declarado correcta», dijo a la BBC.

El plan B de Ruanda afronta el obstáculo adicional de un ajustado calendario electoral. Las generales han de convocarse para finales de enero de 2025 y la aprobación de la nueva estrategia en los Comunes y los Lores, además de posibles recursos judiciales a su implementación, comienza a perfilarse como telón de fondo hasta la apertura de las urnas.

Por lo pronto, el calendario adelantado por Sunak ante la derrota del Supremo se anticipan entre las primeras bajas de su ofensiva. El mandatario tory reiteró esta semana su determinación para que los vuelos de refugiados despeguen «en primavera», casi un año después del acuerdo alcanzado por su antecesor Boris Johnson y la entonces ministra de Interior, Priti Patel, con el Gobierno de Paul Kagame.

Esta vez, el Ejecutivo ha decidido someter el pacto con Ruanda al escrutinio del Parlamento y acorazar legislativamente la estrategia para impedir futuras embestidas en los tribunales británicos e internacionales. El texto legal podría estar listo «en unos días», según Cleverly, o «dentro de unas semanas», de acuerdo con Downing Street». Pero diputados y lores dictarán parcialmente su pasaje parlamentario.

El Memorando ha costado unos 140 millones de euros en pagos adelantados a la administración ruandesa sin que se haya enviado un solicitante de asilo. A este gasto se suman ahora las costas del proceso judicial, que el Gobierno ganó en primera instancia y perdió en apelación en el verano y finalmente en el Supremo.