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El Gobierno italiano vuelve a verse enredado con los tribunales. Casi un mes después de que el viceprimer ministro, Matteo Salvini, fuera absuelto de la acusación de secuestro de personas y abuso de poder, ahora le tocará sentarse en el banquillo de los acusados a la titular de la cartera de Turismo, Daniela Santanché, compañera de filas en el partido Hermanos de Italia de la jefa del Ejecutivo, Giorgia Meloni.
Santanché está acusada de fraude y de falseamiento de información financiera en el grupo empresarial Visibilia, del que es fundadora y del que no se apartó hasta 2022, cuando entró a formar parte del Gobierno conservador de Roma. Se espera que el proceso comience el 20 de marzo en el Tribunal de Milán, que confirmó ayer el enjuiciamiento de la ministra, cuyo abogado señaló que a su clienta, que se considera inocente, la decisión de los magistrados de enjuiciarla le ha dejado «amargor». La oposición, por su parte, exigió su dimisión y, en caso de que ésta no llegue, pidió a Meloni su cese inmediato. Los partidos de izquierdas y de centro ya presentaron en julio de 2023 una moción en su contra, aunque fracasó por la mayoría de la que gozan en el Parlamento los partidos conservadores que forman parte de la coalición liderada por Meloni. Ahora podría llegar una segunda votación de censura.
Santanché habría falsificado las cuentas del conglomerado empresarial entre 2016 y 2022 para ocultar sus pérdidas millonarias, mantenerlo en pie y atraer a inversores, según la acusación, para la que existiría un «diseño criminal» detrás de esta operación. Entre las víctimas del maquillaje de los balances estaría Giuseppe Zeno, antiguo socio minoritario de Visibilia Editore, que se presenta como acusación particular en el proceso junto a otros pequeños accionistas para tratar de recuperar los 400.000 euros invertidos en la compañía impulsado por Santanché.
A tenor de cómo le ha ido a varios altos ejecutivos del grupo, parece difícil que el caso no acabe salpicando a la ministra de alguna manera. El antiguo presidente de Visibilia Editores, Luca Ruffino, se suicidó en 2023 disparándose con un arma, mientras que el exconsejero Federico Celoria reconoció su culpabilidad pactando con la magistrada encargada del caso una condena de dos años de cárcel, que no tendrá que hacer efectiva. El conglomerado deberá además pagar unos120.000 euros entre sanciones y compensaciones.
Junto a Santanché serán procesadas otras 15 personas relacionadas con el grupo empresarial, entre ellas su actual pareja, su sobrina y su antiguo compañero sentimental. Este no es el único caso por el que la ministra podría tener que responder en los tribunales, pues se espera que en las próximas semanas se confirme si será procesada también por un posible fraude agravado al Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS) debido a una presunta gestión irregular de los fondos estatales para apoyar a las empresas durante la pandemia de coronavirus.
La líder de la oposición, Elly Schlein, cabeza de lista del izquierdista Partido Democrático, consideró que ante «acusaciones tan graves», la ministra debe «dar un paso atrás». Stefano Patuanelli, portavoz en el Senado del Movimiento 5 Estrellas, anunció por su parte que si la ministra de Turismo no abandona el cargo, la oposición presentará «una segunda moción de censura» contra ella.
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