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El primer ministro británico, Keir Starmer, ha prometido recurrir «a toda vía concebible' para evitar que Gerry Adams reciba una compensación del Estado británico por haber sido encarcelado sin juicio previo en los años 70. La mayoría de la población de Irlanda del Norte considera a Adams como líder del grupo terrorista IRA, el más sanguinario en el conflicto de la provincia, pero él lo niega.
La promesa de Starmer está siendo criticada porque su Gobierno ha iniciado los trámites para dictar una orden que anularía la ley que impide las compensaciones. El caso judicial comenzó en 2020 cuando abogados de Belfast descubrieron entre documentos oficiales recientemente publicados que la orden de encarcelamiento provisional de Adams la había firmado un secretario de Estado y no el ministro.
El 'internamiento' ejecutado por un Gobierno y fuerzas de seguridad en su gran mayoría protestantes y británicos llevó a prisión a cerca de 2.000 personas, con solo un centenar de 'lealistas' probritánicos sospechosos de participar en la intensa violencia de aquellos años. La causa llegó al Tribunal Supremo y un juez norirlandés y católico, Lord Kerr, compuso la sentencia.
Kerr afirmó que, al aprobar la denominada ley de internamiento, el Parlamento había dado «un poder para detener sin juicio y sin límite de tiempo». La intención de la Cámara debería ser que tal «decisión trascendental» la tomara el ministro en persona. La detención de Adams sería así ilegal, según el juez, y las condenas por sus intentos de fuga merecerían una compensación.
La sentencia causó gran revuelo y el Parlamento aprobó en 2022, con muy amplio consenso, una enmienda de la impopular Ley sobre el Legado de la Violencia en Irlanda del Norte, que introdujo dos artículos en los que el poder supremo negaba compensaciones a los 'internados'. Kerr no habría respetado el antiguo principio administrativo de que los actos de funcionarios son equivalentes a los de un ministro.
El Tribunal Superior de Belfast falló en favor de un recurso contra la ley de Londres basándose en que los dos artículos y otras cláusulas eran contrarios a la Convención Europea de Derechos Humanos. Abrió la puerta a una demanda de compensaciones de unos 600 afectados. La compensación a Adams podría ser de seis dígitos.
El nuevo ministro de Irlanda del Norte, Hilary Benn, no ha recurrido contra la decisión del tribunal de Belfast. Destacados letrados conservadores que se quejan de la intromisión excesiva de los jueces en las decisiones del Parlamento han publicado argumentos contrarios a la sentencia del Supremo y del Superior, que consideran jurídicamente erradas.
El ministro Benn ha iniciado el camino para modificar la ley inspirada por Boris Johnson sobre el Legado de la Violencia, que no gusta ni a las víctimas ni a los partidos de Irlanda del Norte. En su proyecto de ley, Benn incluye el borrador de esa orden que abriría la puerta a las compensaciones, mientras Starmer afirma que hará todo lo posible para evitarlo.
El primer ministro fue un gran letrado, criticado en la campaña electoral por haber defendido a terroristas. Nombró como Abogado General del Estado a Richard Hermer, que fue 'junior' del brillante Starmer en el inicio de su carrera. Se ha descubierto que Hermer ganó cerca de 40.000 euros por representar a Gerry Adams. También a familiares de ciudadanos afganos que habrían sido asesinados por fuerzas especiales del Ejército. La oposición demanda que se aleje de su papel institucional.
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