T. Nieva
Martes, 25 de marzo 2025, 22:43
Alexánder Lukashenko dio inicio ayer a su séptimo mandato al volver a jurar el cargo como presidente de Bielorrusia. El gobernante, que lleva tres décadas ... en el poder, fue investido en una ceremonia solemne en el palacio de la Independencia de Minsk, la capital, a pesar de las duras críticas de la oposición, que considera que las pasadas elecciones fueron irregulares y fraudulentas.
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Como manda la tradición, Lukashenko prestó juramento sobre un ejemplar de la Constitución del país, ante la atenta mirada de varios altos cargos del Gobierno, así como numerosos invitados. Durante su alocución, aseguró que será «fiel al pueblo» y «respetará y protegerá los derechos y libertades de la población». Además, se comprometió a proteger la Carta Magna, según recogió la agencia estatal BelTA.
Tras recibir el acta presidencial de manos del jefe de la Comisión Electoral, Lukashenko, aseguró que Bielorrusia «ha vuelto a elegir la independencia y un futuro con confianza». «Bielorrusia se ha vuelto cada vez más fuerte a pesar de los que han vendido su patria por un par de préstamos en 2020. La mitad del mundo sueña con una supuesta dictadura como la nuestra», ha señalado en tono irónico, antes de afirmar que el Gobierno no permitirá que estas ideas sean utilizadas «para destruir» al país.
La Comisión Electoral Central (CEC) dio la victoria a Lukashenko con el 86,82% de las papeletas, con el comunista Sergei Sirankov en segundo puesto al obtener únicamente el 3,21% de los apoyos, en una votación marcada por la falta de candidatos opositores de peso. Los ciudadanos acudieron a las urnas en un contexto sociopolítico muy complejo y con un país bajo un régimen de sanciones como nunca antes en su historia. Antes de las restricciones impuestas por su apoyo a Rusia durante la guerra en Ucrania, Bielorrusia ya arrastraba otras tantas por la represión de las protestas contra el cuestionado triunfo de Lukashenko en 2020.
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Los comicios de hace cinco años derivaron en una de las peores olas represivas en el país de los últimos años. Las sanciones pusieron fin a décadas de relaciones comerciales, culturales y humanitarias que habían mantenido el siempre difícil equilibrio con la considerada como la «última dictadura de Europa».
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