La Justicia investiga la supuesta pasividad del Estado británico en la masacre de Omagh

El diálogo de Abad con uno de los abogados que ayudan al presidente de las pesquisas, el juez escocés Lord Turnbull, duró cerca de dos horas y la transcripción necesitó sesenta páginas. Retrató a una hermana pequeña con gran energía física, una cabeza muy buena y un gusto por asociarse para ayudar a los demás.

En el verano de 1998, Rocío Abad Ramos había terminado Biología y le habían pedido que fuese la guía del grupo de niños españoles que iban de nuevo a la localidad de Buncrana para alojarse con familias irlandesas y aprender inglés. Rocío y el niño también madrileño, Fernando Blasco Baselga, fueron los dos fallecidos nacionales del total de 29 personas muertas y cientos de heridos causados por grupos muy débiles del IRA Auténtico.

«¿Y todo en nombre de qué?», preguntó al auditorio del centro cultural el hermano de unos de los niños irlandeses fallecidos por la explosión del coche que contenía 300 kilos de explosivos. El juez Turnbull ha querido que antes de interrogar a testigos sobre el horrendo atentado, la investigación tenga un por qué. Dar a los familiares de las víctimas la oportunidad de contar quiénes eran.

La familia Blasco Baselga participó indirectamente, a través de un abogado, recordando a Fernando como un niño bueno, generoso, miembro de una familia numerosa que subraya su religiosidad. Paloma Abad dijo a una periodista que se encontraba en parte triste «porque vuelvo a recordar la muerte de mi hermana». «Y por otro lado me he sentido arropada por todo el proceso, por darme la oportunidad de hablar, no solamente yo, sino en nombre de mi familia».

Si alguien es responsable de la existencia de la investigación, 26 años después de la masacre, es Michael Gallagher, un empresario de Omagh que desde la muerte de su hijo de 21 años aquel 15 de agosto de 1998 ha dedicado su vida a la búsqueda de medios para satisfacer necesidades de las víctimas. Afirmaba tras la primera vista que las declaraciones de allegados le da humanidad.

Un ministro conservador responsable de Irlanda del Norte, Chris Heaton Harris, dio la razón a Gallagher y a otros porque el primero había logrado sumar información sobre el contexto del atentado que llevó a un juez del Tribunal de Apelación, en 2021, a aceptar que debía establecerse la investigación sobre la conducta de las autoridades ante los autores del crimen.

Fue un grupo de irlandeses que vivían en la frontera entre el norte y el sur, en los condados de Louth, de Mohagan o Armagh, y operaban en el mismo territorio que había dado al IRA Provisional de Gerry Adams la posibilidad de tener enclaves logísticos en el sur, donde eran más tolerados para montar los ataques en el norte.

Se ha argumentado que la paz que había declarado ese IRA-Sinn Féin con el Acuerdo de Viernes Santo, cuatro meses antes, en abril de 1998, había sido la consecuencia de la efectividad de las policías y servicios de Inteligencia en cerrarles en los últimos años el camino a comandos que querían atravesar la frontera para ir al norte.

Los autores del crimen de Omagh eran exmiembros escindidos del IRA Provisional, que no aceptaban la estrategia promovida por Adams y Martin McGuinness para dejar las armas. Eran «disidentes republicanos», con nombres como Continuidad IRA o IRA Auténtico. Colocaron bombas en varias localidades y luego se supo que coches y teléfonos para perpetrar esos atentados eran vigilados. Los mismos vehículos y móviles se movieron en dirección a Omagh aquel sábado 15 de agosto.

Los disidentes estaban infiltrados. Un hombre que se hace llamar Kevin Fulton pasaba información a la Rama Especial de la Policía. Un americano, David Rupert, se sentaba en la mesa directiva del IRA Auténtico y con agentes del FBI y el británico MI5. El centro de Inteligencia electrónica GCHQ habría seguido en sus oficinas los movimientos de teléfonos y vehículos en el día del crimen. Sin embargo, el intercambio matinal de Inteligencia entre servicios en la zona no se hacía en el fin de semana.

La investigación pública indagará si no intervinieron porque pondrían en peligro a infiltrados, o no les persiguieron con todo su poder porque una represión fuerte podría enojar a los recientemente pacíficos miembros de los Provisionales. El juez Turnbull tiene que desentrañar, sin tiempo establecido y con algunas sesiones a puerta cerrada, cuestiones complejas que familiares de víctimas quieren ver por fin aclaradas.