Las protestas en Italia contra la proliferación en los últimos años de radares de tráfico con fines más recaudatorios que de protección de la seguridad vial comienzan a dar sus frutos. Este martes está prevista la entrada en vigor del decreto que endurece las condiciones ... por las que los alcaldes pueden colocar estos medidores de velocidad: a partir de ahora necesitarán el visto bueno de los prefectos (delegados de Gobierno), se les prohíbe la instalación en áreas urbanas con un límite de circulación que no supere los 50 kilómetros por hora y, además, están obligados a señalarlos a los conductores con suficiente antelación. «Son unas reglas esenciales para garantizar que los radares se utilicen con seguridad donde realmente son necesarios y no como si fueran una tasa adicional», explicó el ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini.
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El nuevo decreto impulsado por el Gobierno conservador italiano llega pocos días después de la detención de Enrico Mantoan en Rovigo, al noreste del país, por haber supuestamente cortado con una sierra radial la base de al menos cinco radares en la zona. Militante de extrema derecha de 42 años de edad, Mantoan sería la identidad escondida detrás de Fleximan, el nombre con el que se conocía en las redes sociales a este hombre que era visto como un superhéroe por los ciudadanos hartos de pagar multas. Las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares, en cambio, lo consideraban un delincuente inconsciente del peligro que provocaba con sus actos.
Los ataques de Fleximan, en cualquier caso, impulsaron el debate en Italia sobre la colocación, objetivos reales y número de radares. Aunque no hay un recuento oficial, se estima que hay instalados unos 11.000 en todo el país, frente a los 7.700 del Reino Unido, los 4.700 de Alemania, los 3.780 de Francia o los 2.800 de España. Su número ha aumentado un 40% en los últimos tres años en el territorio italiano.
«Salvar vidas»
La decisión del Ejecutivo de Roma de endurecer las condiciones para instalar estos dispositivos fue criticada por la oposición de izquierdas. «Limitar la velocidad es necesario para salvar vidas, no para recaudar. El Gobierno no debería obstaculizar a los alcaldes, sino ayudarles. Y escuchar el grito de dolor de los familiares de las víctimas, no de los seguidores de Fleximan», señaló Andrea Casu, diputado del Partido Democrático, la principal formación opositora. Los defensores de la reducción de la velocidad en los tramos urbanos y de la utilidad de los radares para alcanzar este objetivo recordaron los buenos resultados que está dando la aplicación en Bolonia, desde hace seis meses, de disminuir a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación en las áreas urbanas. En este período ha habido 73 heridos menos respecto al mismo período del año anterior.
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«El 70% de los accidentes y el 47% de las muertes tienen lugar en las áreas urbanas», señala Giordano Biserni, presidente de la Asociación de Amigos a la Policía de Tráfico, destacando que tener un accidente de tráfico cuando se circula a 30 kilómetros por hora tiene consecuencias mucho menos devastadoras que si se va a 50.
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