Assange evita por ahora su extradición a EE UU y apelará en Reino Unido

Assange no asistió personalmente ni por videoconferencia a la vista pública, de apenas dos horas, que transcurrió en la sala 4 del neogótico palacio real de Justicia. Lleva cinco años recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, bajo intensa presión, salud frágil y «trastorno depresivo recurrente». «¿Cuánto más va a durar esto?», cuestionó su mujer, recordando que el mayor de sus dos hijos acababa de cumplir 7 años y jamás ha visto a su padre en libertad.

La defensa no asestó el golpe final a la extradición, pero obtuvo la venia judicial para recurrir dos puntos fundamentales del procedimiento: la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo en EE UU. Los jueces del Alto Tribunal rechazaron las garantías aportadas por Washington al respecto y dieron la luz verde a la revisión del caso en un nuevo proceso, que probablemente no se celebrará antes del otoño.

«La libertad de prensa ha aguantado hoy en Londres este brutal ataque, sin duda el mayor que ha sufrido en su historia», celebra Aitor Martínez, del equipo legal internacional de Assange. El tribunal londinense ha reconocido el «riesgo de discriminación por ser extranjero» que correría el exdirector de Wikileaks al ser juzgado en el estado de Virginia por presuntos delitos contra la defensa nacional y la «potencial inaplicación de la primera enmienda» estadounidense, de protección de la libertad de expresión, en todos los cargos imputados.

Esta circunstancia se extiende a las 18 imputaciones que afronta Assange por conspiración para acceder y difundir informes y vídeos de las guerras de Irak y Afganistán, así como controvertida correspondencia diplomática e informes de los presos de Guantánamo. Los cargos se penalizan con hasta 175 años en prisión.

«El caso estadounidense es ofensivo. Es una ofensa contra los principios democráticos y nuestro derecho a conocer la verdad. Es un ataque contra el periodismo», protestó Stella. A nadie escapa la ironía de que ningún responsable de las matanzas de civiles cerca de Bagdad y otros supuestos abusos estadounidenses ha sido procesado, mientras que el director del medio que difundió los aparentes crímenes lucha por su salud y su vida desde la cárcel. No hubo este lunes una petición formal de libertad condicional.

El entorno de Wikileaks defiende las credenciales de su exdirector que, según remarcó su mujer, «está en prisión por realizar un buen trabajo periodístico, por exponer corrupción y violaciones de gente inocente en guerras abusivas para lo que hay impunidad». Stella Assange instó a la administración del presidente Joe Biden a «distanciarse de un proceso tan vergonzoso». «Julian ha de estar libre. El caso debe abandonarse», clamó la abogada, de conexiones hispanas.

La embajada norteamericana ofreció una clara garantía de que el reclamado no será condenado a la pena capital, que fue plenamente aceptada por la parte contraria. En cambio, en aparente sintonía con la posición de la defensa, admitió que el Estado no puede dictar a un tribunal que aplique o deje de aplicar la primera enmienda constitucional –sobre la protección de la libertad de expresión- a un extranjero acusado de delitos de seguridad nacional.

La ausencia de las garantías demandadas por los jueces británicos llevó al Alto Tribunal a permitir el recurso de apelación ante el riesgo de que se vulnere el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos, de libertad de prensa. Expertos legales cuestionan si las fallidas garantías diplomáticas apuntan al deseo de la Casa Blanca de evitar un juicio en suelo estadounidense sin pasar por el bochornoso acto de retirar la petición de extradición.