Trump suspende de un plumazo subvenciones y préstamos por cientos de miles de millones

La ley del más fuerte se abre camino en Estados Unidos. Trump no parece partidario de esperar a los que se quedan atrás. Los considera una rémora. Su Oficina de Presupuesto envió una orden redactada en dos folios a todos los departamentos para que paralicen todo tipo de préstamos, subvenciones y ayudas. Se abre ahora un proceso de estudio sobre cada partida. Las agencias federales revisarán todos los programas y los ajustarán a la ideas del nuevo presidente. Son conocidas. Ha repetido que va a archivar todo lo construido por su antecesor, el demócrata Joe Biden, y que va a dejar de «gastar» en temas ecológicos, de integración y, también, en ayudas a terceros países.

El magnate cierra de un plumazo buena parte de la financiación pública hasta que, tras el examen de cada dólar invertido, sea diseñado un nuevo plan. Uno de los encargados es Matthew Vaeth, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Es fiel al presidente: define como «despilfarro» dedicar dinero a «promover la equidad marxista, la transexualidad y las políticas del pacto verde». Incluso las subvenciones que ya han sido otorgadas pero no se han gastado serán frenadas.

Es como si el Estado dejara de pagar. «Nunca hemos visto algo así. No tiene precedentes», reconoció Marcia Howard, directora de Federal Funds Information for States, una organización sin ánimo de lucro. Las Administraciones locales, financiadas en un 30% por el Gobierno federal, no saben ahora los fondos con los que pueden contar. Quedan en el aire, por ejemplo, los préstamos a pequeñas empresas y el apoyo a la investigación universitaria. Podría afectar también a la construcción de carreteras y a la inversión en comedores escolares.

En cambio, siguen vigentes las subvenciones recibidas directamente por los ciudadanos, como los préstamos estudiantiles que afectan a 40 millones de estadounidenses y las becas federales para alumnos sin recursos. En principio, tampoco se ven alteradas las prestaciones al sistema de seguro sanitario público para desfavorecidos (Medicaid), aunque los demócratas tienen sus dudas. En algunos Estados, el acceso a este servicio quedó bloqueado.

La congelación del gasto ya ha entrado en vigor y las distintas agencias tienen hasta el 10 de febrero para presentar toda la información sobre las partidas destinadas a los programas ahora suspendidos. Entre los beneficiarios de los fondos públicos figura un amplio número de organizaciones sin ánimo de lucho, que se sienten de repente desamparadas. «Esta orden es un incendio para nosotros y las personas a las que servimos», subrayó Yentel. «El impacto podría ser devastador porque puede provocar la pausa en la investigación del cáncer infantil, en la asistencia alimentaria y en la seguridad frente a la violencia doméstica, y provocar la clausura de refugios para personas sin hogar y el cierre de líneas telefónicas de ayuda para suicidas», agregó.

El Partido Demócrata salió en tromba contra este paso dado por Trump. Patty Murray y Rose DeLauro, de los comités de asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes, expresaron su «alarma extrema». En su opinión, estas medidas «ponen en riesgo la seguridad financiera de las familias y el éxito del país».

El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, se negó a aceptar la orden del nuevo presidente y cuestionó su legalidad. «El Congreso aprobó estas subvenciones y no son opcionales», replicó. Teme, además, que la directriz pase de ser temporal a permanente y deje sin protección a los más desfavorecidos. Schumer acusó a Trump de aplicar esta medida contra los pobres para bajar los impuestos de los «superricos», en referencia a los grandes empresarios tecnológicos, como Elon Musk, que rodean al nuevo presidente.