Trump ordena deportar a 200.000 salvadoreños

Al no renovarles la protección, estos ciudadanos deberán abandonar el país o encontrar el modo de regular su situación. El Gobierno les da hasta el 9 de septiembre de 2019, un plazo durante el cual el Congreso podría encontrar una fórmula para evitar que sean expulsados.

«Es inhumano. Estamos retirando la alfombra de debajo de los pies a miles de inmigrantes que han construido legalmente sus vidas y sus negocios en EE UU», tuiteó el abogado Cesar Vargas, que fue estratega del senador Bernie Sanders para temas latinos. Él mismo es parte de uno de los grupos que el Gobierno de Trump ha puesto en la diana, los llamados ‘soñadores’, ‘dreamers’. Son 800.000 jóvenes con carreras y sin antecedentes penales a los que sus padres llevaron a EE UU de niños y, en muchos casos, crecieron sin saber siquiera que habían entrado al país ilegalmente. No conocen otro país, la mayoría ni siquiera habla otro idioma.

El llamado programa de Acción Diferida para la Llegada de Niños les otorgó un estatus legal de forma temporal durante el Gobierno de Obama, pero el Ejecutivo de Trump lo rescindió el pasado mes de septiembre y puso una pistola en la cabeza al Congreso: seis meses para encontrar una solución antes de empezar a deportarlos. El plazo, que vence el 6 de marzo, ha sido el instrumento de un chantaje político para exigir a los demócratas que aprueben los fondos para construir un muro en la frontera, entre otras cosas.

Muchas voces pedían ayer que los 200.000 salvadoreños sean incluidos en ese trato que se intenta negociar a contrarreloj, así como otros grupos amenazados con la deportación. El de los salvadoreños es el mayor después de los ‘soñadores’, seguido de los casi 60.000 haitianos acogidos tras el terremoto de 2010, además de casi 57.000 hondureños y 3.00 nicaragüenses afectados por el huracán ‘Mitch’ en 1999.

Todos ellos han recibido un ultimátum para abandonar el país el año que viene o ser deportados. El Centro de Estudios Migratorios calcula que el 80% de las personas afectadas por esta amenaza ha contraído hipotecas o montado negocios, lo que producirá también un daño a la economía de ciudades como Miami, donde se han establecido mayoritariamente.

La política del nuevo Gobierno contra el llamado Temporary Protected Status que instauró el Congreso en 1990 como medida humanitaria para los damnificados por desastres naturales también afecta a otros grupos no latinos, como los 1.100 sudaneses a los que se ha dicho que «se preparen para partir» porque la situación que justificó su acogida no persiste.