Crece el clamorcontra el Gobierno interino de Perú

La grave crisis política desatada tras la toma de posesión del conservador Manuel Merino como presidente en funciones -un opositor que hasta ahora dirigía el Congreso- se vio agravada en la última jornada de protestas por las denuncias de uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía. A las acusaciones de manifestantes y periodistas -que atribuyen a las fuerzas de seguridad el uso de gases lacrimógenos y perdigones de goma- se sumó ayer la queja de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, quien dijo tener evidencias de «detenciones realizadas por agentes vestidos de civil sin identificarse».

El ministro de Interior, Gastón Rodríguez, en cambio, justificó la intervención policial con el argumento de que los agentes se vieron obligados a actuar tras «soportar por más de treinta minutos» el lanzamiento de piedras y objetos pirotécnicos. Según defendió, se trataba de impedir poner en riesgo su seguridad y evitar que los manifestantes asaltaran el Congreso en Lima.

El Gobierno interino, que duda de la «espontaneidad» de las marchas e incluso las vincula al grupo terrorista Sendero Luminoso, ha fracasado por ahora en su intento de ser legitimado por la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA), así como Colombia y Argentina, dicen estar a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el que deberá estudiar la «legalidad» de la actuación del Congreso, que alegó «incapacidad moral permamente» para destituir a Vizcarra. Una figura contemplada para casos de enfermedad mental.

Human Rights Watch ha alertado igualmente de que apartar del poder a Vizcarra es «una amenaza para el Estado de Derecho» en el país andino. Aun así, el Gobierno interino se ha comprometido a no hacer «cambios traumáticos» y a respetar el calendario de las próximas elecciones, previstas para el 11 de abril.