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m. pérez
Miércoles, 29 de junio 2022, 14:46
Naciones Unidas ha comenzado a escribir su propio diario de la brutalidad bélica en Ucrania. Los investigadores han certificado al menos trescientas ejecuciones sumarias de civiles en el primer mes de guerra en las áreas ocupadas por el Ejército ruso. En ese número no incluye ... la muerte de ciudadanos a causa de los combates ni por malos tratos o desatención médica. Y lo que es peor, el informe advierte que sus datos son posiblemente solo la punta del iceberg de una realidad mucho más salvaje e inhumana. De hecho, en el caso de las agresiones sexuales, su escalofriante relato sobre violaciones en grupo, desnudos forzosos en público y amenazas de violencia sexual por parte de militares rusos, pero también en menor medida ucranianos, la ONU subraya: «Entender la escala total de la violencia sexual en este contexto podría llevar años».
La guerra entre Ucrania y Rusia lo es también en el terreno numérico. Las cifras de víctimas bailan en función de la fuente. Los expertos creen que habrá que esperar al final del conflicto para esclarecer objetivamente el coste en vidas de la invasión y, aún así, quedará un margen considerable de desaparecidos. Los testimonios vecinales recogidos en ciudades como Bucha o Mariúpol refieren el enterramiento de cadáveres en fosas comunes cuya localización se desconoce, la cremación de los cuerpos para hacer desaparecer las evidencias de crímenes de guerra o la volatilización en casos como el del último bombardeo ruso sobre un centro comercial de Kremenchuk, donde decenas de clientes parecen haber sido consumidos por el fuego. Es decir, siniestros factores que alimentan un margen de incertidumbre. La ONU reconoce que los datos de estas primeras verificaciones se quedarán cortos, pero tienen la virtud de corroborar que el infierno existe y que ahora mismo devora el este europeo. «Los civiles siguen soportando la carga de las hostilidades», ha manifestado la jefa de la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Matilda Bogner, durante la presentación del documento, Bogner alerta además del «grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país», donde se suceden las denuncias por malos tratos o detenciones arbitrarias.
Desde el comienzo de la ocupación el 24 de febrero hasta el 15 de mayo, Naciones Unidas ha confirmado la existencia de 10.000 víctimas civiles, entre ellas 4.731 que resultaron muertas. Advierte, sin embargo, que los equipos siguen encontrando evidencias de crímenes y de nuevas fosas. La cifra de fallecidos se ha acelerado además en las últimas semanas a medida que Rusia ha intensificado los ataques en el Donbás. La estadística queda, sin embargo, por debajo de las estimaciones del Gobierno de Kiev, cuyos cálculos indican que solo en la martirizada Mariúpol habrían perdido la vida al menos 5.000 personas.
Las «ejecuciones sumarias de civiles» revelan que el principio de la guerra fue un torbellino de inhumanidad, sangre y terror. El informe registra 300 ejecuciones solo en el primer mes de invasión. Ucrania ve en esta crueldad una pretensión de las fuerzas ocupantes de sembrar el pánico con el frustrado fin de acelerar la caída del país. Los asesinatos habrían tenido lugar en más de treinta asentamientos en las regiones de Kiev, Chernígov, Járkov y Sumy. En todos ellos continúa la investigación y la agencia internacional cree que la cifra de ejecuciones ocurridas en esas semanas aumentará sensiblemente.
En su día, los vecinos ya ofrecieron relatos esclarecedores del comportamiento de algunas unidades rusas en su búsqueda de «nazis», disparando sobre los adultos capaces de portar un arma. Hace un mes, una investigación del 'New York Times' sacó a la luz un vídeo grabado en la ciudad de Bucha donde se aprecia la ejecución de ocho hombres con los ojos vendados y las manos en la nuca. Sucedió el 4 de marzo. Todos ellos eran civiles que vivían a escasos metros del paredón que usaron los fusileros para dispararles. En Bucha se han documentado 50 casos idénticos a éste. «El asesinato diario de civiles, las torturas, las desapariciones y otras violaciones deben terminar. Si las hostilidades no paran, el mínimo exigible es respetar totalmente el Derecho Humanitario y comprometerse a proteger a toda mujer, hombre y niños civil y a los que no están combatiendo» ha explicado Matilda Bogner durante la presentación del informe.
Pero el conflicto en la exrepública demuestra que no existen mínimos posibles. Las pesquisas, que realiza un equipo internacional en el que participa un grupo de forenses españoles, dan pie al conocimiento de numerosas infracciones a las normas de la guerra. Estas normas «no fueron respetadas en numerosas ocasiones por las fuerzas rusas, y a menos escala por las ucranianas», lo que «ha elevado el número de víctimas civiles y los daños a objetos civiles». En otras palabras más técnicas, los soldados se han saltado principios básicos para la protección de la población como el de «distinción» y el de «precaución», lo que habría incrementado el número de ciudadanos fallecidos a causa de refriegas urbanas y bombardeos indiscriminados. El ejemplo más trágico y conocido es el del teatro de Mariúpol, donde los misiles rusos acabaron con la vida de entre 300 y 600 civiles refugiados en su sótano.
Naciones Unidas ha verificado que los dos ejércitos han cometido violaciones del Derecho Humanitario en el tratamiento de presos de guerra y civiles. Hay denuncias por torturas, malos tratos o desatención médica y la agencia ha confirmado 248 casos de detenciones arbitrarias de políticos locales, activistas y periodistas que a veces terminaron con desapariciones forzosas atribuidas a las tropas rusas y a los grupos separatistas de Donetsk y Lugansk. Un mal final: los cadáveres de seis de ellos fueron encontrados días más tarde. La ONU no salva a las milicias ucranianas de este tipo de actos y denuncia que cometieron una docena de 'secuestros' de ciudadanos sospechosos de prestar apoyo al Ejército invasor.
Los notarios del terror tampoco salen bien parados de la guerra. Naciones Unidas contabiliza diecisiete periodistas y blogueros asesinados en los primeros tres meses de combates y alerta sobre un «drástico» recorte de las libertades de información y expresión. Concluye con una petición de justicia para todas las víctimas en lo que puede presumirse como un claro apoyo a la intervención de un tribunal internacional sobre crímenes de guerra. «Los responsables deben rendir cuentas y las víctimas y sus familiares deben disfrutar de sus derechos al remedio y la verdad», ha señalado la jefa de la Misión de Supervisión de Derechos Humanos.
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