Huawei se querella contra el gobierno de Estados Unidos y le acusa de espionaje

En el peculiar partido de ping-pong judicial que enfrenta a Estados Unidos y a la multinacional china de telecomunicaciones Huawei las sorpresas están garantizadas. La última se ha producido este jueves, cuando parecía que la empresa ya había dado por perdido el mercado norteamericano: Huawei ha decidido denunciar ante los tribunales el veto de Washington a la adquisición de sus productos. Concretamente, el gigante tecnológico ha presentado una demanda en un tribunal federal de Texas para impugnar la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, cuya promulgación considera anticonstitucional.

«El Congreso de Estados Unidos ha fallado en repetidas ocasiones al presentar pruebas que respalden sus restricciones impuestas a los productos de Huawei, por lo que nos vemos obligados a tomar esta acción legal como último recurso», ha justificado Guo Ping, presidente rotatorio de Huawei, durante la rueda de prensa celebrada en Shenzhen para informar sobre la decisión de arremeter contra la sección 889. Esta norma prohíbe a todas las agencias gubernamentales comprar equipos y servicios de Huawei, así como contratar u otorgar subvenciones o préstamos a aquellos que adquieran equipos o servicios de la empresa.

«Esta prohibición no solo es ilegal, sino que también impide a Huawei participar en una competencia justa, perjudicando en última instancia a los consumidores estadounidenses. Esperamos el veredicto del Tribunal y confiamos en que sea beneficioso tanto para Huawei como para el pueblo estadounidense», ha añadido Guo en un discurso que se ha retransmitido en directo hasta la rueda de preguntas de los periodistas.

El órdago del directivo no se ha quedado ahí. Porque Guo también ha lanzado una acusación inesperada contra el Ejecutivo que dirige Donald Trump. «El Gobierno ha 'hackeado' nuestros servidores y nos ha robado emails y código fuente», ha añadido el presidente de Huawei sin proporcionar más detalles. Lo que sí ha hecho, siguiendo el ejemplo de otros directivos de la marca, es reiterar que la compañía cumple con todas las leyes y normativas en vigor, y que no abre puertas traseras que permitan el espionaje del régimen chino.

«Nosotros nunca hemos recibido un requerimiento de información privada por parte del Gobierno chino. Y, si lo recibiésemos, nos negaríamos a proporcionarla. Porque nunca iremos contra los intereses de nuestros clientes. Lo que sí sabemos, porque lo reveló Edward Snowden, es que la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA) llegó a espiar incluso a la canciller alemana Angela Merkel», dijo el director ejecutivo de Huawei, Yu Chengdong, en un encuentro con la prensa internacional al que acudió este corresponsal. «Nuestros productos no tienen ideología. Y, aunque nuestras raíces estén en China, también somos una empresa global sin ideología», apostilló para disipar dudas sobre sus conexiones con el Partido Comunista.

No obstante, la confrontación con Estados Unidos amenaza con hacer mella más allá de las fronteras de la superpotencia americana, porque Washington ha amenazado con dejar de compartir información con los socios de la OTAN si utilizan equipamiento de Huawei. Y eso, ahora que se están desplegando las redes 5G que son la gran apuesta de la empresa china para liderar el sector de las telecomunicaciones a escala global, podría suponer un gran batacazo. No en vano, países como Australia o Japón ya han anunciado que no adquirirán productos de Huawei y muchos otros están debatiendo qué hacer.

Por si fuese poco, Huawei y Estados Unidos tienen otro frente judicial abierto en Canadá, donde la vicepresidenta de la tecnológica, Meng Wanzhou, espera a que la justicia decida si debe ser extraditada al país vecino, tal y como pide Washington. Estados Unidos acusa a Meng de multitud de delitos, incluido el fraude bancario para saltarse las sanciones que Donald Trump ha impuesto a Irán. En la vista de ayer, partidarios y detractores de la directiva se manifestaron en los alrededores del tribunal: unos exigen su liberación incondicional, y otros que sea extraditada y que China libere a los dos canadienses a los que ha acusado de robar secretos de Estado.

Un giro final ha llegado con el anuncio de que Meng también se querellará contra las autoridades canadienses, a las que acusa de haberse saltado los procedimientos establecidos durante su detención, el pasado 1 de diciembre, en el aeropuerto de Vancouver, donde hacía escala en su viaje hacia México. Además, Meng argumenta que su arresto a petición de Estados Unidos está motivado por intereses políticos, y para apuntalar esa afirmación señala citas de Trump en las que el presidente afirma claramente que su caso puede servir para presionar a Pekín en la guerra comercial que enfrenta a las dos principales potencias económicas.

Independientemente del veredicto que dicten los tribunales, ambos casos trascienden el ámbito judicial y se han convertido en enfrentamientos diplomáticos de difícil solución. Muestra de ello es que, poco después de conocer la decisión de llevar al Gobierno de Estados Unidos ante los tribunales, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, ha calificado la denuncia de «absolutamente apropiada y razonable».