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La grave crisis desatada en Venezuela ha puesto en un brete al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de forma oficial sigue sin decir nada al respecto. Ni con declaraciones a preguntas de los periodistas, a la antigua usanza, ni en Twitter, el ... canal favorito para los gurús de lo público. Nada. Silencio. Quien ideó la expresión patata caliente quizá lo hizo pensando en momentos como éste. Porque Venezuela lo es para Sánchez. Se trata de un tema políticamente muy delicadoque puede terminar incluso abrasándole debido a la gran presión que el PP, Ciudadanos o los expresidentes Felipe González y José María Aznar están metiendo. Ojo, también Podemos, pero a la inversa, exigiendo que no se reconozca «este golpe de Estado liderado por Trump». Y la formación que lidera Pablo Iglesias, conviene no olvidarlo, es el gran sostén del PSOE en el Gobierno.
El líder socialista, sin embargo, ha decidido trabajar en la sombra en busca de una solución conjunta, refugiándose en el relato de la Unión Europea. Ante la duda, lo que la UE mande. Desde el Foro de Davos, ha hablado por teléfono con el autoproclamado presidente,Juan Guaidó, para reconocer su «coraje» y abogar por la celebración de unas elecciones libres. Lo de reconocerle, de momento nada. Pero llegado el caso, ¿Sánchez podría dar un puñetazo encima de la mesa y hacerlo, como le exige gran parte de la oposición? Sí y no. Posible es, ¿recomendable?
Los Tratados de la Unión sí confieren cierto margen de maniobra si La Moncloa desea sumarse al grupo mundial liderado por Donald Trump. «Los Estados miembros tienen libertad de formular su política exterior, como se recoge en las declaraciones 13 y 14 del Tratado de Lisboa», explica Ignacio Molina, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, los Tratados también advierten de que los Veintiocho deben apoyar la Política Exterior Común, liderada por la italiana Federica Mogherini, «con lealtad y solidaridad mutua» y «se abstendrán de toda acción que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de cohesión en las relaciones internacionales« (artículo 24.3).
«La Alta Representante propone, lidera y en su caso ejecuta pero son las todavía 28 capitales quienes deciden de forma intergubernamental, por consenso y formalmente en el Consejo por unanimidad, salvo casos excepcionales (24.1)», explica Molina. Lo cual no significa, como matiza el artículo 30, que «cualquier Estado miembro puede plantear al Consejo cualquier cuestión relacionada con la PESC (…) presentar iniciativas o propuestas».
Es un 'sí, pero no' de manual. Sánchez sí tiene margen político de actuación, pero muy limitado. Bruselas es su gran argumento y su mejor excusa, pero no menos cierto es que en lo referido a Iberoamérica, España es o debería ser el Estado miembro que marque la hoja de ruta a seguir de la UE y el tiempo juega en contra del presidente socialista. En el club, la lentitud burocrática llegar a ser desesperante, pero en casa, en la España de la moción de censura, se circula a una velocidad de vértigo.
Lo que está claro es que otros líderes europeos, como el presidente del Consejo, Donald Tusk, o el del Parlamento, Antonio Tajani, se posicionaron desde el primer momento en favor de Guaidó. También Reino Unido o el presidente francés, Emmanuel Macron, quien llegó a escribir un tuit en castellano apoyando el nuevo orden: «Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad». Por cierto, a Madrid no le ha gustado nada el «protagonismo» de París en este conflicto, como admitió el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Es de la vieja escuela comunitaria, defensor de la diplomacia de la serenidad y el diálogo en torno a una mesa. Pero ahora, lo que impera es la dictadura de Twitter y en la cuenta de Pedro Sánchez sigue sin haber mensajes sobre esa patata caliente llamada Venezuela.
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