El país quiere una nueva Constitución
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Ha llegado el momento de incorporar a todos aquellos que en los últimos 30 años se han ido quedando atrásCuando el 18 de octubre de 2019 comenzaron las manifestaciones que desestabilizaron a Chile y llevaron a convocar un plebiscito para reformar la Constitución, una de las consignas más coreadas por los estudiantes que protestaban contra la subida del billete del metro fue: «no son ... 30 pesos, son 30 años». Era un claro intento de deslegitimar la transición a la democracia y el desmontaje paralelo de la estructura política de la dictadura pinochetista. En resumen, algo similar a la condena del 'régimen del 78' que algunos hacen en España. Sin embargo, como señaló la historiadora Sol Serrano, «los últimos 30 años han sido los más prósperos y los más democráticos de toda la historia de Chile».
Pese a los grandes temores existentes de repetir las experiencias constituyentes bolivarianas, especialmente entre las élites política y económica, el voto sobre las dos preguntas del plebiscito fue contundente. En la primera, sobre la viabilidad de la reforma, el 'apruebo' obtuvo el 78,3% frente al 21,7% del 'rechazo'. Esto permitió considerar la segunda pregunta, en torno a la forma de constituir la convención constitucional, si con el 100% de sus integrantes (155) elegidos para la ocasión o con una conformación mixta (172), la mitad parlamentarios y la mitad salidos de un proceso electoral ad hoc.
Cuando se convocó al plebiscito, las respuestas de los partidos políticos y de sus principales dirigentes fueron variadas. En líneas generales hubo un mayor respaldo a la reforma por parte de la izquierda y del centro izquierda, especialmente de las agrupaciones que en su día conformaron la Concertación, mientras en la derecha predominó el no. Esto fue más visible en la UDI, aunque Renovación Nacional (RN) tuvo posturas encontradas, como la del presidenciable Joaquín Lavín, claro partidario del 'apruebo'. Otros mantuvieron posiciones ambivalentes, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, que simultáneamente coqueteaban con la violencia callejera, a la que legitimaban.
Detrás de la pregunta formulada por muchos de quién gestionaría el rechazo, especialmente si ganaba el no, algo que terminó siendo una quimera, se escondía el temor de perder el control del proceso político y, en definitiva, el control del país. No en vano, entre las únicas cinco comunas donde se impuso el 'rechazo' (Colchane, la Antártica, y Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, de la Región Metropolitana), las tres últimas tienen los mayores ingresos de Chile. También se especulaba con que una baja votación deslegitimaría el resultado, pero la respuesta de la ciudadanía, con un 50,9% de participación, eliminó cualquier duda al respecto.
La apuesta de la mayoría de la derecha deja en evidencia su dificultad para incorporar los cambios producidos en los últimos años y para impulsar las grandes reformas requeridas. Y si bien algunos destacados partidarios del rechazo estaban totalmente convencidos de que con su victoria se podría reencausar la vida política chilena, acabar con la violencia y evitar un desplome económico, el resultado del plebiscito recuerda la necesidad de alcanzar un nuevo contrato social. Las cifras de la votación muestran que ha llegado el momento de incorporar a todos aquellos que en los últimos 30 años se han ido quedando atrás o que ven, con acierto o sin él, que este proceso no era para ellos. Este es, precisamente, el gran reto que Chile y los políticos chilenos tienen por delante.
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