Ortega silencia a su rival más popular para las presidenciales

El hermano de la detenida y director de 'Confidencial', diario registrado por las autoridades en los últimos días, Carlos Chamorro, informó a través de su perfil de Twitter que «después de más de cinco horas de allanamiento policial» en la vivienda de la opositora, «los policías antimotines la dejan bajo arresto domiciliar, bajo aislamiento».

Los agentes irrumpieron en la casa en el momento en el que la precandidata iba a dar una rueda de prensa para abordar las acusaciones en su contra, tras la orden de arresto emitida por un tribunal de Managua. Los periodistas presentes en el acto denunciaron haber sido agredidos por las fuerzas del orden.

Un día antes de la decisión del tribunal de detener a Chamorro, la Fiscalía había solicitado su inhabilitación para ostentar cargos públicos, así como una serie de medidas cautelares para evitar su salida del país y su comunicación con otros colaborares.

La investigación involucra no solo a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), sino también a una serie de personas relacionadas con una docena de medios de comunicación que hacen oposición al Gobierno de Ortega, por la supuesta violación de la ley de 2018 contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Chamorro habría utilizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), que dirigía hasta el pasado mes enero, para llevar a cabo un delito de blanqueo de dinero.

La situación de Cristiana Chamorro ha provocado la reacción internacional. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica advirtió de que «las acciones de la Fiscalía y el orden judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre», dijo el representante regional de la Oficina, Alberto Brunori.

«Estas medidas, unidas a la disolución a los partidos políticos y ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de la Fundación Violeta Chamorro escriben un escenario sombrío para Derechos Humanos», agregó Brunori.

La plataforma independiente Monitoreo Azul y Blanco registró en 2020 1.797 ataques a opositores, aunque el frente que más críticas ha generado a nivel internacional es el legislativo, ya que Ortega, valiéndose del control absoluto del resto de instituciones, ha promovido varias reformas que limitan directamente a la disidencia.

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), «Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles» y lo ocurrido con Chamorro es un «nuevo atentado a la democracia». El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, de visita oficial en Costa Rica, considera que la detención «refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas».