Opositores nicaragüenses deportados a EE UU inician trámites para acogerse a la nacionalidad española

Noticia Relacionada

El Gobierno de Nicaragua libera a más de 220 presos políticos y los «deporta» a Estados Unidos

T. Díaz

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, desveló el lunes que «varios» de los 222 opositores que han sido desterrados de Nicaragua y privados de nacionalidad al ser considerados «traidores a la patria» han aceptado la oferta del Gobierno. El sociólogo Silvio Prado, residente en España y vicepresidente de la Asociación Nicaragua Libre, ha explicado a Europa Press que, ayer, más de una decena de personas se habían puesto en contacto con los servicios consulares españoles para iniciar los trámites, entre ellos algunos que ya lo habrían hecho público como Oscar-René Vargas e Irving Larios.

Otros, en cambio, no saben aún qué camino seguir. «Todo esto es muy abrumador», reconoce en declaraciones a la citada agencia la activista Berta Valle, que recibió la semana pasada en Estados Unidos a su marido, el político opositor Félix Madariaga, tras más de año y medio preso. En relación a la oferta española, Valle sí admite que «es algo que se tiene que considerar». En su caso, está establecida en Estados Unidos desde el 2014, pero cree necesario, una vez se calmen las aguas, examinar las «implicaciones jurídicas» del «destierro» ordenado por el régimen de Ortega.

Las autoridades de Estados Unidos han concedido a los presos exiliados un estatus humanitario vigente en principio durante dos años, pero la prensa opositora nicaragüense ha constatado que gran parte de quienes han llegado al país norteamericano carecen de familiares o contactos directos como en el caso de Madariaga.

Silvio Prado coincide con Berta Valle en alabar el gesto de España, «una medida extraordinaria» a su juicio. El sociólogo incide en que, por una parte, «ha abierto las puertas» a personas que han quedado «en el desamparo» y, por otra, ha servido para «neutralizar» la voluntad de la «dictadura» de dejar a más de 200 personas apátridas. «Echa por tierra los propósitos de castigar a los excarcelados después de haberlos mandado al exilio», explica Prado, que estima que varias decenas de personas pueden terminar llegando a España.