La «dictadura matrimonial» de Ortega reforma la Constitución para atesorar todo el poder en Nicaragua

El propósito principal de la reforma es, en resumidas cuentas, fortalecer aún más la concentración del poder presidencial en manos de la familia Ortega Murillo. La vicepresidenta pasará ahora a tener el título de copresidenta, un cargo que no estaba contemplado en la Constitución, que ahora será modificada para habilitar la coexistencia de dos jefes de Estado en el país. En total son más de cien las medidas que han salido adelante. Según la esposa del mandatario, el objetivo es «afianzar los derechos del pueblo y reafirmar la soberanía nacional sobre la tierra y la historia de Nicaragua».

Sin embargo, parece lo contrario, a la vista de que la reforma constitucional fulmina la separación de poderes. El artículo 132 establece ahora que «la presidencia de la república dirige al Gobierno y como jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales». Murillo ya tenía 'de facto' estos poderes en sus manos, pero la reciente remodelación de la Carta Magna oficializa su control sin pudor. Otro cambio para beneficio de los Ortega Murillo es que el mandato presidencial será extendido de un periodo de cinco a seis años.

Las críticas internacionales a la reforma no han tardado en llegar. La Organización de Estados Americanos (OEA) la ha tachado de «aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial». Además, el organismo con sede en Washington ha añadido que «la presión diplomática sobre el régimen dictatorial conyugal debe redoblarse para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado«. Nicaragua necesita «elecciones auténticas, legítimas, universales y libres».

La Alianza Universitaria Nicaragüense -muchos de los miembros de esta organización huyeron del país por ver en peligro su integridad física- ha emitido un comunicado donde denuncia la remodelación: «Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades».

La oposición como tal no existe en Nicaragua. Es más, Ortega plantea implantar un modelo de partido único, tal y como sucede en otros países como China, Corea del Norte, Cuba, Laos o Vietnam. El pasado septiembre, el régimen sandinista decidió enviar a sus funcionarios a campos de entrenamiento paramilitares en caso de que surgiera un golpe de Estado que pretendiera derrocar la dictadura. Con el cambio constitucional, además, a partir de ahora, la bandera del FSLN pasará a ser un «símbolo patrio». La OEA ha tildado este movimiento de «ilegítimo en la forma y el contenido» ya que, a su juicio, supone una agresión definitiva contra el Estado de derecho democrático.

Tampoco existe libertad de prensa en el país centroamericano, y los hilos de la familia Ortega Murillo se extienden hasta los medios de comunicación, ya que sus hijos controlan los oficialistas. La reforma que ha salido adelante reduce aún más su independencia ya que el texto prohibe que «respondan a intereses extranjeros». El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), José Roberto Dutriz, dijo este jueves que «Nicaragua está volviendo a la Edad de Piedra» y que «nos entristece que un país hermano haya retrocedido en este aspecto, no es nada sano para la región ni para la sociedad nicaragüense».