Duque emprende un diálogo para calmar Colombia pero ignora a los manifestantes

«Francamente no entiendo por qué no habla con el Comité del Paro, que espera conversaciones serias desde 2019», lamentó Juan Fernando Cristo, quien fue ministro de Interior durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. En iguales términos se expresó Claudia López, alcaldesa de Bogotá, una de las ciudades más golpeadas por la violencia, al valorar un encuentro en el que solo estuvieron presentes representantes de universidades, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y autoridades locales. «Quisiera hacer un llamado a la sensatez: con los que hay que dialogar es con los que están en la calle, que son jóvenes», insistió.

En un intento por apaciguar el malestar, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que la intención de Duque es sentarse a negociar el próximo 10 de mayo con el Comité del Paro. Sus representantes -estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores- mantienen entretanto la convocatoria de protestas, que se desarrollan en su mayoría de forma pacífica, si bien en algunos casos han degenerado en batallas campales. Así ocurrió en Bogotá la noche del miércoles (madrugada de ayer en España), cuando un grupo intentó entrar en el Congreso. Los exaltados tumbaron las vallas del Capitolio y lanzaron piedras a los policías, que lograron dispersarles con gases lacrimógenos. De igual modo, en Santa Marta hubo saqueos y desmanes, y en Medellín fue incluso incendiada una estación del sistema de autobuses Metroplús. Paralelamente, en la ciudad de Pereira tres jóvenes resultaron heridos de gravedad por disparos de desconocidos.

Según la Fiscalía, detrás de los desmanes están disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco. No obstante, también responsabilizan en buena medida a las fuerzas de seguridad de los 24 muertos y cientos de heridos registrados en las protestas. En ese sentido, el Ministerio Público avanzó ayer que imputará a policías por los homicidios de tres civiles durante las manifestaciones.

A los llamamientos de la ONU, Estados Unidos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional para acabar con la represión se sumó ayer el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, quien recordó que «la libertad de asociación y de expresión son «esenciales para la democracia». Paralelamente, anoche se supo que, gracias a la mediación de organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica, el Gobierno y manifestantes acordaron abrir un corredor humanitario en Cali para mitigar la escasez de alimentos, combustible y material sanitario provocada por el bloqueo de vías.