La Corte Penal Internacional abre experiente a Venezuela por la violencia en las manifestaciones

Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas. El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron "presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato".

El foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos anteriores, dijeron fuentes del tribunal a Efe. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también en un vídeo hecho público hoy que "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos", que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante. A partir de ahora, la Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos relevantes llevados a cabo en su sistema jurídico nacional.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados. El paso dado hoy por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque Bensouda se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.

Una de esas fuentes fue la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, que en noviembre del año pasado se reunió más de una hora y media con personal de la Fiscalía de La Haya para entregarle pruebas de supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado entre 2015 y junio de 2017. El examen preliminar tiene varias salidas posibles, una de ellas la apertura de una investigación plena, lo que significaría que la Fiscalía podría hacer indagaciones por su propia cuenta y, eventualmente, tramitar órdenes de arresto.

Otra posibilidad es que la Fiscalía decline seguir con el examen preliminar porque no encuentre fundamentos suficientes para seguir adelante, ya sea porque los delitos no son suficientemente graves o porque quede satisfecha con las investigaciones hechas en Venezuela.

Al no haber plazos establecidos, una tercera opción es que el examen preliminar dure años y se alargue en el tiempo, como ha ocurrido en el caso de Colombia, que lleva en La Haya desde 2004 y versa sobre el conflicto entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC.

Fuentes de la corte negaron con rotundidad que el examen preliminar esté relacionado con la convocatoria de elecciones en Venezuela, anunciadas para el 22 de abril, aunque reconocieron que "los tiempos" y el "actual debate político" convierten al país latinoamericano en un tema "muy sensible" para el tribunal.