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El fuego de las protestas arde en Latinoamérica. Millones de personas salieron el año pasado a la calle para manifestarse contra la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad que imperan en la región. El estallido social no fue espontáneo. La indignación en los diferentes países ha ido creciendo poco a poco, al calor de las injusticias de las que han sido testigos: el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sometidos a desaparición forzosa en México en 2014, el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres en 2016 en Honduras, los graves retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, los casi 4,8 millones de venezolanos que tuvieron que huir de su país... Lejos de atender las demandas de los manifestantes, los gobiernos quisieron extinguir las protestas por la fuerza.
La violencia en la región se ensañó especialmente con periodistas y defensores de los derechos humanos. Muchos murieron y otros muchos fueron víctima de hostigamiento, criminalización y desplazamientos forzados. Las mujeres tomaron fuerza en las calles. La performance 'Un violador en tu camino' del grupo feminista chileno 'Las tesis' se convirtió en un fenómeno internacional que puso los derechos de las mujeres en el punto de mira. Con todo, la violencia contra las mujeres y los feminicidios se mantuvieron en cifras alarmantes.
La crisis climática fue otro factor que alimentó el descontento social en la región. En Bolivia, los incendios se declararon después de que el presidente promulgara un decreto por el que se permitían las «quemas controladas». En Brasil, al acabar el año, el presidente Jair Bolsonaro no implementó ninguna medida de protección ni de prevención de incendios. En definitiva, Latinoamérica enfrentó en 2019 un panorama negro, con muchas aristas que Amnistía Internacional ha recogido en su informe anual sobre la región.
«El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar», afirma Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Movimientos de protesta tomaron países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, a los que las autoridades respondieron con represión.
En Haití, las denuncias contra altos cargos, incluido el presidente, por el desvío de hasta 2.000 millones sacaron a la calle a miles de personas y 83 manifestantes murieron a manos de la Policía. El régimen de Nicolás Maduro fue especialmente severo y llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, mientras en Chile, el ejército y la Policía hicieron un uso excesivo de la fuerza.
El caso del estudiante Dylan Cruz en Colombia fue especialmente flagrante. El joven de 18 años murió al alcanzarle en la cabeza una bomba aturdidora que lanzó la Policía en una manifestación pacífica en Bogotá. Al igual que él, otros muchos estudiantes murieron en Nicaragua, donde las fuerza de seguridad dispararon con munición real contra los manifestantes, a los que después se les negó la asistencia médica en el hospital. En total, al menos 210 personas murieron de forma violenta en el contexto de las protestas en la región: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, 8 en Ecuador y 6 en Honduras.
Latinoamérica fue el año pasado la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos. Proteger el medioambiente o a poblaciones indígenas convirtió a estos activistas en objetivos de homicidios selectivos y acoso. Colombia fue el país más mortífero con el asesinato de 106 líderes indígenas y campesinos, en plena implementación del Acuerdo de Paz. Los periodistas fueron especialmente perseguidos en México, donde 10 de ellos perdieron la vida en 2019. Informar sobre la corrupción y el narcotráfico fue su sentencia de muerte. De hecho, 2019 fue el año más violento de su historia, con 35.558 homicidios.
El desplazamiento masivo de personas desde Venezuela, con casi 4,8 millones de exiliados, supuso la segunda crisis de refugiados más grave del mundo, después de Siria. Familias enteras huyeron con lo puesto a Perú, Ecuador y Chile, cuyos gobiernos respondieron con medias más agresivas y restrictivas para solicitar asilo. EEUUtambién reforzó sus fronteras y, bajo el Gobierno de Trump, obligó a más de 59.000 solicitantes de asilo a esperar en condiciones peligrosa en México. Allí las autoridades mexicanas mantuvieron recluidos a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes y deportaron a 123.239 personas.
A pesar de la mayor presencia y fuerza de los movimientos feministas en Latinoamérica, la violencia de género sigue siendo un grave problema en la región. En República Dominicana la Policía violó y golpeó a trabajadoras sexuales. Tampoco se avanzó en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. En El Salvador, siguieron criminalizando a mujeres y niñas por abortar. Una realidad que en Argentina se tornó dramática. Allí, el año pasado una niña menor de 15 años dio a luz cada tres horas, la mayoría por un embarazo fruto de violencia sexual. Además, al menos 3.500 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en la región.
Mientras los incendios y la deforestación aumentaron la preocupación por el medioambiente, los Gobiernos siguieron el camino inverso. La administración Trump anunció su retirada del Acuerdo de París y en Brasil, Jair Bolsonaro aprobó diversas medidas contra el medio ambiente. El drama medioambiental se concentró en la Amazonía, donde decenas de miles de incendios calcinaron hasta 435.000 hectáreas de bosque en Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador.
2019 también fue un año de victorias de los derechos humanos y medioambientales en Latinoamérica. 22 países firmaron el Acuerdo de Escazú, un tratado pionero sobre los derechos medioambientales. La absolución del voluntario Scott Warren por «dar refugio» a migrantes, tras darles comida y un lugar donde dormir, fue un gran paso adelante en los derechos de los migrantes y de aquellos que les ofrecen ayuda humanitaria. La absolución de Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto en el Salvador, supuso también una victoria en los derechos de las mujeres. Además, con marchas en México y Chile las mujeres mostraron su repulsa a la violencia de género y dejaron claro que no están dispuestas a tolerar ni un solo homicidio más.
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