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En Túnez la mayoría parece estar de acuerdo en que la corrupción está detrás de todos los males del país. Y también se ha cerrado ya el cerco sobre quiénes son los culpables. El punto de mira se ha colocado sobre los grandes magnates. Al ... menos, eso es lo que ha hecho el presidente, Kais Saied, cinco días después de haber suspendido la actividad del Parlamento durante un mes y de arrogarse todo el poder ejecutivo. El dirigente, que fue acusado por el partido mayoritario de promover un «golpe de Estado» encubierto, ha lanzado una ofensiva contra 460 empresarios acusados de desviar fondos durante el mandato del dictador Zine el-Abidine Ben Alí, caído en 2011 tras la 'Primavera Árabe'. A ellos achaca la interminable crisis social y económica que atraviesa el país.
Para expiar su culpas deberán financiar y mantener durante diez años hospitales públicos, escuelas y proyectos de desarrollo en las regiones más pobres. Así evitarán condenas y colaborarán con un programa estatal para «reducir los precios acabando con los monopolios y la especulación».
«El pueblo atraviesa una situación de miseria y ustedes no pueden pensar en ganancias a expensas de la pobreza de la gente», fue el categórico mensaje lanzado ayer por Saied en una reunión con el presidente de la patronal UTICA, Samir Majoul, según el diario local 'Business News'.
El eufemismo de «malas elecciones económicas» realizadas durante los últimos años, especialmente en el lucrativo sector del fosfato y el comercio de alimentos, sirvió al jefe de Estado para referirse a un sector del empresariado. Con otros no tuvo tanta diplomacia y habló de «quienes saquean dinero público». Calculó que estos últimos deben al país «13.500 millones» de dinares (4.000 millones de euros), cifra que fue establecida por un viejo informe elaborado por una comisión de investigación sobre corrupción y malversaciones. Esta cantidad se quedaría muy corta en la actualidad, en opinión de diferentes expertos económicos. El documento incluye los nombre de todos los magnates que son acusados.
«Ese dinero debe regresar al pueblo tunecino», recalcó el presidente. Para ello, prevé ofrecer acuerdos judiciales a los sospechosos. Que paguen las sumas requeridas a cambio de no abrir diligencias contra ellos.
La crisis económica tunecina se resume rápidamente en unas cuantas cifras. Su deuda se eleva en torno al 100% del Producto Interior Bruto, frente al 45% en 2010. El dinar se ha depreciado en más del 50% en una década. Para asumir sus deudas, se negocia actualmente un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el cuarto en los últimos diez años.
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