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Gerardo Elorriaga
Domingo, 31 de octubre 2021, 19:57
Los tiranos necesitan cómplices porque no se puede gobernar tan sólo con la represión indiscriminada. No están solos en la cima de la pirámide. Los dictadores precisan de aliados para sojuzgar a la mayoría y repartirse el botín de las arcas públicas. El general Omar ... al-Bashir llegó al poder en Sudán mediante un golpe de Estado en 1989. La Corporación de la Industria Militar se puso en marcha cuatro años después. Desde entonces, las fuerzas castrenses han creado un conglomerado empresarial con amplias ramificaciones, autónomo y opaco, en el país africano. La asonada del 25 de octubre intenta impedir que la sociedad civil reclame responsabilidades por sus negocios y los conflictos que han sostenido. Los oficiales no volverán a los cuarteles sin garantías por sus privilegios e inmunidad tras décadas de rapiña e impunidad.
La cúpula castrense ha llevado la batuta en la historia de Sudán desde su independencia hasta hoy. Nunca han cedido el poder. Su evolución se asemeja a la egipcia, donde también cuentan con un aparato económico de grandes dimensiones. En realidad, destituyeron al dictador cuando su posición se hizo insostenible. Sus argumentos ideológicos han variado en función de las circunstancias. Han utilizado el islamismo para conseguir el apoyo de los conservadores y las monarquías del Golfo y el nacionalismo más victimista cuando la Corte Penal Internacional intentó procesar al presidente.
El 'establishment' se ha mantenido a flote durante medio siglo. A pesar de que el país ha vivido en una guerra civil constante y repudiado por la comunidad internacional, la clase dirigente se ha bandeado muy bien. La república obtenía grandes ingresos de la venta de petróleo y demandaba abundantes recursos militares para la lucha contra los secesionistas del sur. El negocio proporcionaba pingües beneficios. Wikileaks asegura que tan sólo el presidente al-Bashir derivó 6.400 millones de euros de la venta de crudo a cuentas privadas en bancos londinenses.
La 'primavera árabe' llegó tarde a Jartum, pero ha provocado la primera gran crisis en el sistema. Las Fuerzas Armadas acordaron una fórmula de compromiso con las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, la alianza opositora, que suponía una hoja de ruta hacia la entrega del poder en 2022 y elecciones democrática en 2023. El resultado era brillante, pero irreal porque los agentes civiles pronto demandaron transparencia y control sobre el 'holding' militar. Los afectados hacían algunas concesiones que ya vislumbran la magnitud de sus posesiones. El Consejo Soberano, el órgano de transición, conseguía la titularidad de 20 millones de metros cuadrados en suelo urbano y un millón de acres en el rural.
La luz y los taquígrafos resultan aún más peligrosos que la cesión patrimonial y también han incidido en la involución del proceso. La prometida entrega de Al-Bashir a La Haya supone un riesgo mayúsculo porque pone la atención sobre la estrategia oficial de absoluto desprecio por los derechos humanos. Los militares han intentado establecer un Estado homogéneo, de identidad árabe y fe islámica suní, fomentando a las milicias afines en las regiones periféricas. Los afectados, las tribus negras de Darfur, Kordofan y Nilo Azul o los bejas sufíes de la costa oriental, reclaman justicia. El Acuerdo de Juba, firmado el año pasado, prometía restituciones y la búsqueda de la verdad, algo intolerable para sus responsables.
Los oficiales han recuperado la autoridad, pero ¿es posible la vuelta atrás? Esta no es una historia vinculada a la libertad, sino a la economía. Al-Bashir se hundió arrastrado por la crisis y los militares han cedido ante su incapacidad para enfrentarse a una recesión abismal. Sudán está en una situación crítica, carente de recursos y soportando índices mensuales de inflación superiores al 300%. La inesperada vocación pro occidental de Jartum se halla en consonancia con la urgente necesidad de recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional. El ultraconservador régimen, aquel que azotaba a las mujeres por vestir pantalones en público y vendía esclavos, se había convertido en los últimos meses en la Administración más progresista del mundo árabe.
El revés a la transición es una maniobra arriesgada porque Occidente no va a perdonar la involución. Ni siquiera esta opción parece viable. Sudán es el tercer país africano más endeudado con un balance negativo de más de 60.000 millones de dólares. Bajo la tutela de EE UU, el país había conseguido condonaciones, caso de Francia y Alemania, y actitudes dialogantes de otros como Kuwait, su mayor acreedor y se hallaba en conversaciones para despojarse de un 80% de esa carga. Ahora, la situación está en el aire.
Abdelfatah al Burhan, el hombre fuerte, puede achacar su iniciativa a errores de rumbo y aducir cualquier otra excusa. En cualquier caso, su país se halla en una encrucijada. Si no restablece el diálogo, la explosión social en las grandes ciudades puede acompañarse de reactivaciones de la guerra en la periferia. Turquía, Catar y las organizaciones islamistas pueden intentar aprovechar la coyuntura, pero difícilmente proporcionar una alternativa válida a la población. Mientras tanto, el Ejército mata moscas a cañonazos y manifestantes con fuego real. No hay salida. Los privilegios, tan sustanciosos, dificultan la salida del laberinto.
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