Un golpe de Estado pone fin a la transición democrática y recupera la dictadura en Sudán

El levantamiento rompe la sorprendente evolución del país africano, de historia convulsa y plena de conflictos armados, hacia su configuración como un Estado de Derecho. A lo largo de los dos últimos años, la autoridad transitoria había impulsado reformas legislativas en un sentido liberal y progresista. Tras el fracaso de Túnez, Sudán era la última causa esperanzadora vinculada con la 'primavera árabe'.

El Ejército cuenta, al parecer, con el apoyo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), organización paramilitar caracterizada por su extrema violencia. Este grupo, que ha gozado de impunidad hasta la fecha, se halla implicado en la represión durante el régimen de Omar al-Bashir y también en los intentos por sofocar las protestas que culminaron en su caída. Los golpistas tomaron las emisoras de radio y televisión y suspendieron el servicio de internet. Sectores afines a los partidos que integraban esta plataforma salieron a las calles y quemaron llantas en la vía pública para expresar su frustración ante el nuevo rumbo.

La actuación castrense no ha sorprendido a la opinión pública. Durante la pasada semana, el país asistió a una marcha contra el Gobierno de transición y a favor del restablecimiento del poder militar, iniciativa que fue interpretada como una coartada para propiciar el 'putsch', y que fue respondida por movilizaciones partidarias del Consejo Soberano.

Los medios locales apuntaron a negociaciones in extremis entre Hamdok y Al-Burhan para recuperar la sintonía y establecer una nueva hoja de ruta que permitiera la entrega definitiva del poder a los civiles. Al parecer, un sector de las Fuerzas Armadas, el más reaccionario o vinculado a los paramilitares y los señores de la guerra, se oponía a una retirada que implicaría el fin de sus privilegios o, incluso, el procesamiento de sus líderes. El primer ministro fue detenido tras negar su aprobación al levantamiento y, según sus partidarios, llamó a la resistencia no violenta.

Los grupos conservadores, contrarios al rumbo progresista del actual gabinete, aducen la grave situación económica para pedir el cambio. Sudán se enfrenta a una elevada inflación, superior al 300%, y la libra sudanesa se ha devaluado recientemente. La población sufre la escasez de productos de primera necesidad, caso de la harina y los combustibles, y constantes interrupciones del suministro eléctrico.

No se trata de una circunstancia coyuntural. Tras la pérdida del 75% de sus yacimientos petrolíferos, ahora bajo soberanía de Sudán del Sur, la Administración central hubo de asumir una dramática falta de recursos que impuso el fin de los subsidios a productos básicos. Hace dos años, las bruscas subidas de precio del pan y la gasolina fueron los detonantes del movimiento que acabo con tres décadas de poder del dictador Omar al-Bashir.

El régimen sudanés, considerado tradicionalmente uno de los baluartes del islamismo más radical y refugio de Osama bin Laden, dio un giro de 180 grados tras el fin de la tiranía. El Consejo Soberano, fruto del consenso entre militares y civiles, estableció una serie de medidas innovadoras en un país ultraconservador que garantizaba su carácter secular, la equidad de género o el respeto a las minorías. El nuevo Gobierno estableció además el diálogo con las diversas milicias con las que mantenía conflictos en Darfur y las provincias de Kordofán del Sur y Nilo Azul. También ha llegado a prometer la entrega del expresidente Al-Bashir a la Corte Penal Internacional para ser procesado por crímenes de guerra y contra la humanidad.

El golpe de Estado puede provocar graves consecuencias económicas. Su acercamiento a Occidente le proporcionó el necesario apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos en sus desesperados intentos de recuperar la solvencia. El pasado mes de julio, el Fondo Monetario Internacional aprobó un alivio de 23.300 millones de dólares dentro de una iniciativa para paliar la carga que padecen los países muy pobres endeudados y, asimismo, se prometieron nuevos esfuerzos para alcanzar los 50.000 millones, casi el 90% de su actual compromiso. El Gobierno de Washington ofreció a ejercer labores de mediación siempre que se mantuviera la transición no fuera interrumpida o una parte de la sociedad intentara imponerse por la fuerza.