Los vecinos de la gasolinera urbana de Haro pedirán su cierre en la calle

A decir verdad, apuntó su portavoz al cierre del encuentro mantenido con la alcaldesa, Laura Rivado, y sus dos tenientes de alcalde, Leopoldo García y Javier Redondo, se ajustó a «lo previsible». Los corporativos decidieron no levantar acta de lo hablado, como esperaban los ciudadanos para tener constancia escrita de lo apalabrado en la reunión y de las posiciones defendidas por la cúpula del Concejo; aseguraron compartir su preocupación; y avanzaron, en última instancia, que en los próximos días se procederá a la contratación de un abogado especilizado en este tipo de cuestiones para analizar el caso y definir la posición oficial del Ayuntamiento de Haro.

Y, lejos de garantizar una supervisión minuciosa de cuanto sucede alrededor de la gasolinera, delegaron en los afectados la recopilación de documentos gráficos sobre las situaciones de riesgo que advierten en la arteria para que sean remitidos y, consecuentemente, valorados por el gabinete externo al que, supuestamente, encargarían la valoración del caso, sin posicionarse en ningún momento, confirmó a este medio Fernando Alvarado.

De ahí que los portavoces de los vecinos cuestionasen a la cúpula municipal «cómo es posible que no considere prioritaria la seguridad de sus ciudadanos, por qué ha pasado un año desde que se presentó un escrito al que no se ha respondido como se exige antes del plazo de seis meses y por qué se ha retrasado la reunión diez días, a pesar de la gravedad de lo sucedido», insistiendo en que de haberse producido el cortocircuito, que provocó la proyección de chispas de plomo incandescente, con la estación en activo «se habría corrido un enorme peligro», relataba el propio Alvarado resumiento el desarrollo del encuentro.

Los vecinos, que de ninguna manera consideran atendidas sus demandas y fueron emplazados a mantener «una nueva reunión en un plazo de unos tres meses, sin establecer ninguna fecha concreta», optan consecuentemente por movilizarse de forma unilateral y reforzar, de esa manera, los pasos que ya han ido dando en los últimos meses.

Según pudo saber este medio, ya ha sido solicitado de la Delegación del Gobierno permiso para concentrarse de forma pública en la Plaza de la Paz el 3 de agosto, a las ocho y media de la tarde. Y pasado mañana, viernes, se celebrará a esa misma hora y en el salón de actos del antiguo Banco de España una asambles a la que han sido convocados quienes viven en las inmediaciones de la gasolinera para definir cuáles son las actuaciones más adecuadas para la reivindicación del cierre de la estación de servicio.

En ella se planteará la recogida de documentos y denuncias sobre las situaciones de riesgo e incumplimientos de la norma de seguridad que se producen en ese tramo de la Avenida de La Rioja (personas que transitan fumando o hablando por teléfono móvil, y descarga de combustible sin cierre al tráfico, entre otras), y la opción de financiar la contratación de un abogado que agilice los trámites, dada nula confianza que parece haber generado el saldo de la entrevista mantenida durante la mañana de ayer con los representantes del tripartito local.