Una red solidaria en apoyo a H

«Tejimos una red para cuidar a su hija, si conseguía un trabajo. Está vestida por medio de un familiar que recibe ropas desde Extremadura, tema que resolvimos», decía Mar. Pese a la amplia experiencia, en diversos oficios y «ganas de trabajar», la afectada no deja de entregar y mandar currículos, sin conseguir empleo. No obstante, la prisión que sufre el marido lo impide todo. «Muchos de los problemas son que aparece como casada, pero ya hemos presentado el justificante de la prisión del marido. Es muy complicado cambiar su situación civil porque ella se casó en Marruecos y el trámite es imposible, desde aquí, y sobre todo sin dinero», apunta Mar.

En marzo, H dejó de cobrar la RGI porque según un decreto a los dos años si no hay reagrupamiento familiar se extingue la ayuda. «En el caso de H es imposible porque su marido se encuentra en prisión y le quedan 4 años más de condena, hemos presentado sentencia y certificado de prisiones marroquí. Sin dinero y con las fronteras cerradas no ha podido hacer nada para cambiar su estado civil», decía Mar.

Por medio de Servicios Sociales, se hizo frente a un recurso ante el Ararteko contra este decreto, «asunto que sólo podía tramitarlo mi marido, para lo que se necesitaba un abogado de oficio, en una fase de finalización de la reclamación, pero cuando se consiguió que se abriese la sala de justicia gratuita en Eibar, la abogada me dijo que los recursos de Lanbide solo se podían hacer desde Vitoria. Se consiguió al límite una cita, pero debí equivocarme porque nos dijeron que no era allí y que además los abogados de oficio trabajaban hasta las 10.00. Conseguimos un abogado de Cáritas, pero le dijo que no se podía hacer nada contra ese decreto».

Ante todos estos imponderables, Mar siguió trabajando y se dispuso a solicitar otra ayuda al alquiler, una vez que H llevaba impagados los cuatro últimos meses con riesgo de tener que abandonarla. «El dueño del piso le ha amenazado con dejarla en la calle y le da lo mismo su situación personal, con el fin de que deje el piso. Hace mucho tiempo solicitamos un piso y jamás nos respondieron. Ahora tendremos que recurrir a Stop Desahucios en busca de ayuda», señala Mar.

Para la consecución de un piso, nuevamente, Mar se dirigió al Ayuntamiento. «Otra vez a la asistente social que estaba teletrabajando y nos volvió a decir que ella no sabía nada, con lo que al acabarse el plazo tuvo que solicitarlo también mi marido en Alokabide. Estamos a la espera de la resolución. Aquí fueron amables y nos llamaron para pedir datos que nos faltaban».

A partir de aquí, con la promulgación del ingreso mínimo vital, cogieron, el primer día, la cita en Lanbide. «Aunque lo tramitaban ellos en el País Vasco fue otro paso atrás porque después le dijeron que lo tenía que hacer ella, por lo que hubo que solicitar apoyo a Servicios Sociales, en Eibar, aunque nos contestaron que ese no era su cometido. Dada la respuesta, llamé a Servicios Sociales de Ermua por si podían ayudarme y amablemente me dijeron dónde y cómo debía hacerlo. Es bastante engorroso, más para alguien que no habla el idioma y H no entiende muchos conceptos. Además como no tiene ni para comer, no se puede permitir comprar un ordenador o internet». A partir de aquí solicitaron una ayuda única de 200 euros, establecida desde el Ayuntamiento. «Rellenamos los papeles y !Eureka!, tenía derecho, pero… en septiembre», decía Mar.

Pese a todo, la única esperanza es que esta inmigrante comenzó un curso laboral para personas en exclusión con posibilidad de contrato en prácticas..., pero quedó interrumpido por el Covid-19. «Lo ha finalizado ahora, con muy buena nota, y está pendiente de que la llamen si supera la selección».