José Luis Moreno queda en libertad pero tendrá que pagar 3 millones de fianza en una semana

La fianza exigida a Moreno, que no ha declarado, es la más alta de los implicados. El resto de acusados en la trama tienen depósitos mucho menores. El juez ha fijado en 200.000 euros la de Antonio Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, mientras que en el caso de Javier Villalba ha pedido la libertad sin fianza pero avisando a Instituciones Penitenciarias de las requisitorias que pesan contra él.

Todos los arrestados están acusados de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una 'mula', que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. «Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga», según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación de la Audiencia Nacional.

Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

Esta organización, una vez captaba los fondos, «activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el 'peloteo' de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria», según han destacado Policía y Guardia Civil.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.