El virus altera las prioridades de la legislatura

La previsiones económicas hechas a principios de año no valen para nada. El pasado día 9 de junio el consejero Pedro Azpiazu calculaba que el PIB vasco caerá un 8,7% este año y que se perderán 68.000 puestos de trabajo. Aunque se espera que la recuperación sea rápida, la incertidumbre que genera la pandemia hace que todos los cálculos haya que cogerlos más que nunca con pinzas. Se prevé una economía de guerra, aunque nadie quiere hablar de ajustes. El primer reto será adecuar los Presupuestos a la nueva normalidad. Y se necesitarán grandes consensos. El lehendakari ya ha reconocido que aunque tenga mayoría absoluta el horizonte que se presenta requerirá de acuerdos muy amplios para no fracturar la sociedad.

El Servicio Vasco de Salud ha aguantado mejor que otros organismos similares del resto de España. Pero ha demostrado que tiene importantes carencias y que necesita reformarse para adaptarse a posibles rebrotes o nuevas pandemias. Cómo reforzar Osakidetza con unas Cuentas públicas ajustadas requerirá de un análisis profundo. Pero no solo es una cuestión sanitaria, sino también social. La atención a los mayores es el mejor ejemplo. ¿Sobrevivirá el modelo de residencias y centros de jubilados a la pandemia? Además, uno de los proyectos que quedó en el cajón la pasada legislatura fue la reforma de la RGI, que ahora se complementa con el Ingreso Mínimo Vital.

El gran clásico de la política vasca durante los últimos años volverá a irrumpir en el Parlamento por tercera legislatura consecutiva. Y no está nada claro que vaya a ser la definitiva. Los expertos entregaron a finales del año pasado el resultado de meses de trabajo y ahora está en manos de los partidos. Pero eso está por ver. A principios de 2020 se daba por hecho que el PNV, el PSE y Podemos estaban acercando posiciones.

Un acuerdo de mínimos entre las tres formaciones permitiría sacarlo adelante en el Parlamento vasco de forma cómoda. Pero es casi imposible que EH Bildu renuncie a la carga soberanista y que el PP acepte cualquier cuestión que considere una cesión a los nacionalistas. Luego quedaría que fuese ratificado por el Congreso -algo para lo que habría que sacar la calculadora-, y eso sin contar otra derivada. Que Vox entre por primera en el Parlamento vasco, lo que podría retrasar todavía más la tramitación.

La ponencia para crear un relato que sirva para asentar las bases de una memoria justa, de reconocimiento a las víctimas y de asunción de lo ocurrido en Euskadi durante más de cuatro décadas se ha convertido en un agujero negro. La negativa de EH Bildu a condenar de forma tajante el terrorismo de ETA bloquea cualquier avance. El foro no se disuelve de forma definitiva porque sería asumir un fracaso. Pero está congelado. La última vez que se reunió fue en marzo de 2019 y nadie tiene demasiada prisa por sacarlo de la hibernación.

EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, las fuerzas que salvo sorpresa conformarán la oposición, están a la espera de que arranque la legislatura para incrementar la presión sobre el Gobierno en varios asuntos. Uno es Zaldibar, donde ya se ha pedido una comisión de investigación que puede convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza del futuro Ejecutivo vasco. A eso habrá que añadir las secuelas de las OPE de Osakidetza.

La legislatura que arrancó en 2016 no ha sido la más prolífica de la historia vasca. Urkullu se propuso aprobar 28 leyes y al final solo han salido una decena. El Gobierno acusa al Parlamento y el Parlamento al Gobierno. Otro clásico. Quedó pendiente la reforma de EiTB y otra que debido a lo sucedido en los últimos meses puede que haya cobrado importancia: Medio Ambiente.