Sánchez lanza una ofensiva legal contra el independentismo en el arranque de campaña

Los incidentes de ejecución de sentencia no son una cosa menor porque en ellos se insta al Tribunal Constitucional a determinar si cabe que la Fiscalía actúe ya por la vía de lo penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros de la Mesa, que fueron apercibidos hace unas semanas sobre las consecuencias que tendría desobedecer mandatos previos de la corte de garantías. Eso implicaría iniciar un procedimiento que puede acabar con la inhabilitación de todos ellos para el ejercicio de cargo público, como le sucedió en su día a Carme Forcadell.

La medida a la que Sánchez quiso dar más vuelo fue, sin embargo, el decreto ley contra uno de los proyectos estrella del Consejo de la República, el órgano privado creado en octubre de 2018 a mayor gloria de Carles Puigdemont. «El Estado de Derecho va a ser igual de contundente 'off line' que 'on line'», reivindicó en una entrevista en Onda Cero. La norma, que tendrá que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, obligará, entre otras cosas, a que todos los servidores empleados por las administraciones estén alojados en la UE y no puedan hacerlo en paraísos fiscales.

Ese requisito tiene un porqué. Para evitar ser intervenido, el sitio Republicat.cat, en el que el independentismo pretendía configurar una especie de Parlamento virtual compuesto por 100 o 150 personas, fue registrado hace cerca de un año en el servicio de un cofundador del portal de piratería The Pirate Bay que se encuentra en la isla caribeña de Nieves. El Ejecutivo no aclaró cómo se justifica la urgencia de esta medida, una condición indispensable para recurrir a un instrumento legislativo tan excepcional como el decreto ley.

Sánchez adujo que también se pretende evitar que la Generalitat «haga uso de datos espurios» como ya hay más que sospechas, según dijo, de que está ocurriendo. De manera implícita, tanto él como Calvo remitieron así a otra iniciativa de la Generalitat, denominada 'IdentiCAT', para crear «un nuevo modelo de identidad digital, descentralizada y autosoberana». El movimiento se interpretó como un modo de sortear la falta de acceso al censo electoral con la que se topó el Govern en las consultas sobre la independencia de 2014 y 2017.

La vicepresidenta argumentó que razones de seguridad le impiden ser más explícita, pero dejó caer que también se trata de proteger el próximo proceso electoral. Y avisó a la oposición de que espera su colaboración en esta materia.