Sánchez aparca su promesa de castigar los referendos ilegales en plena negociación con ERC

«Es evidente que en el programa de Gobierno que se está elaborando tendremos que llegar a un acuerdo sobre cuál es la propuesta que vamos a hacer en múltiples ámbitos», justificó durante su primera comparecencia tras las elecciones del pasado domingo, una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, con turnos de invervención tasados, junto al presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel.

La respuesta respondía a una pregunta sobre su intención de desarrollar en concreto aquella promesa estrella, pero es aplicable a toda la batería que planteó en el debate entre candidatos contra el secesionismo en un intento de seducir a los votantes desencantados de Ciudadanos. Es decir, vale también para la implantación de una asignatura obligatoria de educación en valores civiles, constitucionales y éticos, que las fuerzas independentistas interprearon como una agresión directa a sus políticas, y para la modificación de la ley que prometió impulsar con el objetivo de acabar con el «sectarismo» de TV3.

El vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, hizo alusión expresa a todas ellas en una entrevista concedida hoy a Onda Cero como condicionantes de su futura posición ante la investidura. Pero puso especial énfasis en las medidas punitivas. «Es evidente que todo lo que conduzca a soluciones penales e intentar limitar el conflicto político a una cuestión de Código Penal aleja el acuerdo. Todo lo que sea tratar el conflicto político como una cuestión política, acerca el acuerdo», subrayó.

Sánchez midió bien sus palabras a la hora de replicar a ese aviso con otra advertencia. «El PSOE y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña; las dos únicas. Por tanto -dijo-, aquellos que se oponen a un Gobierno progresista formado por PSOE y UP, que es el único posible, tendrán que explicar qué alternativa proponen, qué Gobierno quieren».

Los socialistas saben que, aunque necesite justificar ante sus bases y su electorado un apoyo directo o indirecto a Sánchez, Esquerra no quiere ser responsable de ir a unas terceras elecciones que puedan dar una nueva oportunidad a la derecha. Por eso el secretario general del PSOE pulsó esa tecla, pero tampoco es baladí que, después de haber estado toda la campaña negando que en Cataluña exista un «problema de independencia» y argumentando que lo que hay es un problema de «convivencia», hoy hablara de «crisis política».

De momento, el presidente del Gobierno en funciones no ha dado el paso de aceptar la exigencia de constituir una mesa de diálogo extraparlamentaria para hablar de todo, también de autodeterminación y de amnistía; algo que sí llego a aceptar hace menos de un año, en el marco del acuerdo de Pedralbes que saltó por los aires cuando Esquerra rechazó apoyar sus Presupuestos en febrero. Ayer se limitó a defender que «los primeros que tiene que hablar son los catalanes». «Hay una mesa en el Parlament -recordó- que tiene que ser activada por los líderes independentistas para hablar con la parte no independentista de Cataluña».

La presidenta de la Diputación de Barcelona, del PSC, Núria Marín, sí adujo, en cambio, en la cadena Ser que Pedralbes «podría ser un punto de partida» para avanzar en una negociación que, por ahora, está muy verde. Tras el primer encuentro en el Congreso entre la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, los republicanos se ratificaron en su 'no' a la investidura de Sánchez, pero dejaron la puerta abierta a seguir hablando.