¿Adiós a la reforma fiscal en Euskadi?

¿Es el final o al menos un tiempo muerto para la armonización fiscal que se ha mantenido de forma invariable en los últimos cuatro años? Es probable. Un vistazo rápido a la historia demuestra que a mayor número de siglas implicadas en los ejecutivos forales vascos la capacidad para elaborar normas comunes se complica e incluso llega a desaparecer.

La legislatura en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa tiene algunos compromisos adquiridos que estarán sobre la mesa apenas se hayan constituido los ejecutivos forales. Uno de ellos, quizá el primero, será la publicitada reforma fiscal que, salvo sorpresas, puede quedarse en unos pequeños retoques. Quizá, incluso, puede quedar en nada ante la dificultad que supone aunar tres voces diferentes y no dos como sucedía hasta ahora.

Por si fuera poco, la máxima jesuítica de «en tiempos de tribulación no hacer mudanza» puede imponerse porque el escenario es cualquier cosa menos estable. El propio resultado electoral ha añadido dificultades.

La desaceleración de la economía es evidente, ya hay voces que pronostican una 'recesión suave' para los primeros compases de 2024 y tampoco parece que haya necesidad de grandes ajustes. El comportamiento de la recaudación de impuestos se mueve con viento de cola en esta primera mitad del año y el aumento del 12% en los ingresos por impuestos contabilizado hasta finales de abril tampoco anima a adoptar medidas urgentes.

Hay otra obligación en la vertiente fiscal, que es la regulación del impuesto de grandes fortunas, implantado en el Estado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero que en Euskadi no se va a liquidar en su primer ejercicio, el de 2022. ¿Van a ser capaces de aprobarlo ahora en Gipuzkoa y Álava PNV y PSE junto al PP? Parece complicado. ¿Habrá ahí una alianza puntual con algún partido de izquierdas para darle una vuelta de tuerca al bolsillo de los patrimonios vascos más abultados? Tampoco parece sencillo.

¿Hay que subir o bajar los impuestos de los vascos? La respuesta institucional a esta pregunta se ha complicado de forma quizá inesperada. El mínimo común denominador de la nueva configuración institucional probablemente obligue a una respuesta tibia: dejar la estructura fiscal como está, con apenas algunos retoques más técnicos que ideológicos.