El aumento de la criminalidad entra en campaña

La inseguridad ciudadana ya estuvo muy presente en los comicios municipales y forales de 2019, en un momento en el que la criminalidad ya repuntaba con fuerza. Y lo vuelve a estar ahora en la carrera hacia el 28-M. Esta vez el debate resurge en un contexto en el que la inseguridad ha alcanzado en Euskadi los niveles más altos de la última década, según consta en la memoria de la viceconsejería de Seguridad del Gobierno vasco de 2022.

Las elecciones forales y municipales se celebrarán con las estadísticas de delitos en «cifras récord» y, además, con la impresión de que los datos seguirán empeorando en 2023. Dejada atrás la pandemia y las restricciones de movilidad, que hicieron desplomarse los índices de criminalidad, la tasa delictiva creció de forma notable durante el pasado ejercicio: un 20% respecto a 2021 y un 10% en relación a 2019, el año previo a la pandemia. Y, lo que es más preocupante, lo hizo con especial fuerza en delitos que no ocupan mucho espacio en la estadística general, pero que son considerados «estratégicos» por las fuerzas de seguridad por la gran alarma social que generan. Entre ellos destacaron los robos con violencia, las lesiones y los delitos contra la libertad sexual.

En términos generales, contabilizando los datos de la Ertzaintza y las policías locales, en Euskadi se denunciaron casi 134.000 infracciones penales en 2022, lo que supuso una tasa de 60,68 delitos por cada 100.000 habitantes. Esto supuso un aumento de 5,65 puntos respecto a 2019 y, en vísperas de las elecciones, ha disparado la preocupación en algunos de los principales despachos.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, insistió en el Parlamento en que este crecimiento generalizado está influenciado en parte por el aumento de los ciberdelitos, que han aumentado un 41% en los últimos tres años. Pero lo cierto es que estas cifras se han sumado a encuestas como el estudio sociológico de la Diputación de Bizkaia de febrero, que situaba la inseguridad como el tercer problema tras el empleo y la sanidad. La encuesta se ha repetido esta semana en términos parecidos: la inseguridad ya preocupa más que la salud.

Hasta ahora, el PP vasco era prácticamente el único partido que había convertido la lucha contra la delincuencia en una de sus principales banderas. Pero este cóctel ya ha provocado movimientos en las estrategias políticas, como ha ocurrido en Bilbao. «En unas elecciones municipales, sobre todo en las capitales, el tema de la seguridad ciudadana puede ser un asunto central de los debates y puede condicionar el grado de preocupación de la ciudadanía», explica María Silvestre, profesora de Sociología en la Universidad de Deusto y directora del Deustobarómetro Social. A su juicio, este problema se ha «agrandado más allá de su verdadera dimensión» por la suma de «los últimos datos de criminalidad y algunos casos concretos», que han llevado el tema de la delincuencia a «las portadas de los periódicos» y ha obligado a «posicionarse» a los partidos en plena campaña electoral.

A nivel estadístico, Bilbao es la ciudad vasca en la que más ha crecido el número de delitos. Ninguno de los grandes municipios vascos se acerca a los 97 delitos por cada 100.000 habitantes que presenta la capital vizcaína. En San Sebastián este indicador se encuentra en 77 puntos y en Vitoria, en 62. Otro dato: más de la mitad de los 3.500 robos con violencia o intimidación cometidos en el País Vasco en 2022 se produjeron en las calles de Bilbao.

En este contexto, hace apenas unas semanas el alcalde de Bilbao y candidato del PNV, Juan Mari Aburto, en un tono de inusual dureza, colocó el problema de la seguridad como una de sus prioridades de cara al próximo mandato. «Que nadie tenga duda: policía preventiva y coercitiva. Contundencia, palo al delincuente, que se sepa que en Bilbao te detienen y te condenan», proclamó. Estas palabras -en opinión de Charro- indican «hasta qué punto el partido gobernante» en Bilbao «ha detectado en su electorado una demanda clara de soluciones a un problema que antes se minimizaba oficialmente». «El discurso de que somos una sociedad muy segura está perdiendo credibilidad», añade Charro.

¿Cómo se ha llegado a este aumento de la criminalidad? Se trata de un asunto complejo, en el que hay que analizar «diversas variables sociológicas y demográficas» y en el que no hay una única respuesta, según insiste Juan Angel Anta, doctor en Criminología y director de la empresa Detecta, especializada en la detección del engaño.

Según los informes de la Ertzaintza, la tendencia al alza de la actividad delictiva ya empezó a percibirse en 2017. Sin embargo, el tipo de infracciones penales que mas crecen ha ido variando en cada momento. En 2019, por ejemplo, una de las principales preocupaciones estaba en los robos en viviendas. Pero se puso en marcha un operativo especial contra las bandas especializadas en este tipo de robos y estos delitos fueron uno de los pocos que descendieron en 2022.

En los últimos tiempos los focos han estado puestos sobre los robos con violencia, las agresiones con armas blancas en recintos festivos y los delitos sexuales. Juan Ángel Anta recalca que entre muchos delincuentes se ha extendido una «sensación de impunidad». Es decir, se ha extendido la idea de que los «beneficios» que conlleva, por ejemplo, robar un móvil o una cartera son mucho mayores que los «costes penales» que les puede acarrear. Eso implica en que muchos de estos individuos se dediquen a reincidir. Anta trabaja también con chavales que han sido condenados por algún delito e insiste en la importancia de contar con los expertos en criminología a la hora de abordar las estrategias de prevención. En este sentido, advierte además de que cada vez se percibe a más jóvenes que son condenados que arrastran problemas psiquiátricos y un aumento en el número de delitos que cometen las chicas.

César Charro apunta también a la sensación de «impunidad» de los delincuentes como uno de los asuntos determinantes en esta escalada, en la que también influye los efectos de una «justicia lenta» que no es «ejemplarizante ni disuasoria». Charro también apunta al «desarraigo de personas migrantes», al «abuso de sustancias estupefacientes» y a la «progresiva implantación de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas a una escala media», entre otras, como algunas de las causas que están detrás del aumento de algunos tipos delictivos.

Fuentes del sindicato Esan alertan, en este sentido, de que «la socialización del uso de la violencia», el «aumento de delitos cometidos con arma blanca» y la «erosión constante» del principio de autoridad y del «sistema coercitivo» se encuentran detrás del «deterioro real de la seguridad pública vasca». La central de la Ertzaintza lamenta que la «clase política» no tenga en cuenta esta realidad. Del mismo modo, a nivel organizativo, advierte de que la «ausencia de análisis, planificación y organización interna» impiden a la Policía vasca «asumir la investigación» en muchos de estos delitos, lo que conlleva «el archivo sistemático de miles de denuncias». Un problema que además «potencia la sensación de impunidad». «Todo ello sin consecuencia alguna», lamenta Esan.