Los intereses y la Ley de Vivienda condicionan 160 millones para el alquiler privado en el País Vasco

Es lo que en el sector se conoce como 'build to rent' (BTR), es decir, construir para alquilar, no para vender. Una práctica que se asocia a las políticas públicas de protección, pero que se viene consolidando como una alternativa en la promoción privada. De hecho las principales promotoras vascas, como Neinor o Amenabar, tienen planes lanzados para desarrollar 7.000 pisos en todo el país con una inversión de 1.700 millones.

Pero en Euskadi, el planteamiento ha sufrido un frenazo tras su arranque en el pasado año. Actualmente hay en desarrollo 600 viviendas destinadas al alquiler privado. Promociones impulsadas por Neinor y por Urbas-Jaureguizar con una inversión en torno a los 160 millones y que se han ubicado en el área de expansión de Bilbao, en la isla de Zorrozaurre (480), y en Vitoria (120). Pero como reconoce un especialista financiero de la promoción inmobiliaria, ahora «el escenario no es el idóneo para lanzar estos proyectos». Eso «no significa que la demanda desaparezca, sino que con estos tipos de interés tan altos es más complicado sacar rentabilidad a la explotación de estos proyectos», explica.

El director general de Urbas-Jaureguizar, Miguel Salaberri, también corrobora un parón en el desarrollo de estos proyectos y añade que las modificaciones introducidas con la Ley de Vivienda no ayudan. «Los cambios normativos creo que van a afectar porque lo que quiere un operador es seguridad jurídica. Es necesario un marco estable en el que desarrollar un plan de negocio».

En el caso de Urbas-Jaureguizar su trabajo consiste en el desarrollo y la construcción de las viviendas. Así lo ha hecho con 314 en Bilbao que ha vendido al fondo inglés M&G y que será quién las explote. Neinor, en cambio, ha hecho una apuesta por la gestión de una cartera propia de estos inmuebles que se ha estrenado en Euskadi con 160 pisos también en Zorrozaurre, a los que añadirá otros 120 en Vitoria.

La Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno busca resolver el problema del precio de la vivienda y para ello establece la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan topar también el alquiler en las 'zonas tensionadas'. La medida afecta especialmente a los grandes tenedores -aquellos con más de cinco propiedades- y, por lo tanto, a todos estos gestores.

En cuanto a las figuras públicas, el empuje del alquiler es mucho mayor. Además, el Gobierno vasco autorizó la construcción de pisos de alquiler asequible en suelo reservado para VPO. Pero aún así, insiste Salaberri, con unos tipos de interés altos, que encarecen la financiación, «estas alternativas también pueden quedar en suspenso».