Los vascos arruinados que piden el perdón de su deuda se cuadruplican con la reforma concursal

La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, perseguía el objetivo de que «una persona, a pesar de un fracaso económico empresarial personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer». Pero los tortuosos trámites que implicaba hacían casi impracticable esa liberación que pregonaba. Con la nueva normativa concursal aprobada en septiembre del año pasado sí parece más alcanzable.

No obstante, habría que empezar por matizar que no se ha facilitado el proceso para todos. Así, la Segunda Oportunidad es ahora mucho más asequible para las personas físicas no empresarias, pero no ocurre lo mismo para los autónomos cuyo negocio ha quebrado. La razón es que la nueva ley concursal sigue siendo muy restrictiva para la exoneración del crédito con Hacienda y la Seguridad Social, con un máximo perdonable de 10.000 euros en cada caso. Y es justo la deuda con los organismos públicos la que más lastra a este colectivo. De ahí que entre enero y septiembre pasados solo se hayan registrado 14 concursos de personas físicas empresarias en el País Vasco, frente a los casi 70 en el mismo periodo del año anterior.

Pero si los acreedores no son entidades públicas el camino es mucho más fácil. Una de las principales ventajas es la agilidad. Antes había que acudir al notario para iniciar el proceso, designar un mediador e intentar un acuerdo extrajudicial. Ahora toda esa fase se elimina. La persona insolvente puede acudir directamente al juez -estos asuntos han pasado al Mercantil- y si no se tiene patrimonio que liquidar acceder al 100% de la exoneración en tres meses.

La mayoría de quienes recurren a esta vía son personas sin bienes pero, además, con la nueva ley concursal ya no es necesario liquidar la vivienda para acceder a la Segunda Oportunidad. Basta con un plan de pagos de entre 3 y 5 años para obtener la exoneración.

En el caso de las empresas, los concursos de acreedores en Euskadi suman 176 hasta septiembre, un 22% menos que en los nueve primeros meses del año anterior. En principio, esta caída parece positiva al apuntar a que hay menos compañías insolventes. «Pero yo creo que es un indicador de que la reforma concursal ha fracasado en facilitar estos procedimientos para evitar la liquidación», apunta Unai Olabarrieta, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

Y es que el principal objetivo de la reforma era precisamente habilitar herramientas para que las empresas viables con problemas financieros puedan encontrar una salida para continuar su actividad. Entre las novedades que ofrecía figuran los planes de reestructuración y los procesos especiales para microempresas (menos de diez trabajadores), mucho más ágiles y baratos.

Los datos del uso de estas herramientas es todavía reducido. Así, hasta noviembre se han registrado 15 planes de reestructuración en Euskadi y 36 procedimientos especiales de microempresas, según los datos de la consultora especializada Informa D&B. Con estas cifras «todavía es pronto para sacar conclusiones», apunta Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Economistas Forenses (REFOR).