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Paso a paso, frase a frase, el Gobierno vasco está preparando a la población para lo que viene. La semana pasada, ya advirtió de que la guerra ha desbaratado todos sus planes de retornar al nivel precovid este verano. El martes, apuntó que estamos ante ... una situación de «emergencia energética», con el consiguiente reguero de paradas en grandes empresas, incapaces de soportar los desorbitados precios del gas y la luz. Y este miércoles, por fin, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, certificó la gravedad de la situación, la también llamada «emergencia energética». El conflicto en Ucrania, enfatizó, «está generando una situación de economía de guerra y las consecuencias son severas».
El jefe del Ejecutivo, que guardó un minuto de silencio por las víctimas del conflicto, citó de forma expresa el gran problema que sacude en estos momentos a la economía mundial, el «incremento de los costes de producción por la subida de precios de la energía y las materias primas». La situación «afecta especialmente a los sectores de automoción, fundición, oil&gas; también a la logística, el transporte y el sector alimentario». Esto es, la línea medular de la economía vasca.
Urkullu hizo estas consideraciones en la presentación de la nueva plataforma logística de Lidl en la localidad alavesa de Nanclares de la Oca, una de las más grandes de Europa. Acto en el participó junto al director general de la compañía en España, Claus Grande, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y numerosos representantes de las instituciones.
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«A esta situación de emergencia energética se suma la falta de acceso a materias primas básicas y necesarias, como el trigo o el cereal, así como el aceite de girasol. Materias que impactarán en el primer sector y en la cadena de alimentación internacional y local», agregó Urkullu, tras recordar la decisión de Putin de suspender las exportaciones hasta el 31 de diciembre.
A su juicio, «este es el momento de redoblar el esfuerzo en eficiencia energética, adoptar decisiones para flexibilizar la transición energética y acelerar la puesta en marcha de los proyectos de energía alternativa como los parques eólicos y el hidrógeno, así como de reflexionar sobre las capacidades propias y las interconexiones». Empresas vascas lideran dos de las principales apuestas españolas por el hidrógeno, Petronor e Iberdrola.
Fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno vasco apostillaron con posterioridad que cuando Urkullu se refirió a la necesidad de explorar todas las potencialidades de Euskadi, ello comprende desde el sector primario y la transformación alimentaria hasta las fuentes de energía renovables y el hidrógeno. ¿Incluiría el gas existente en Álava y el polémico 'fracking', un proyecto descartado por la presión social? «También, pero no se puede explotar porque la ley, estatal, no lo permite», dijo un portavoz, quien abundó en que «el gas que llega por transporte marítimo a Euskadi está extraído mediante 'fracking' en su lugar de origen y el transporte es altamente contaminante, además de caro». Lo cierto es que el Parlamento vasco aprobó en junio de 2015 una ley que prohíbe el 'fracking' con el apoyo de Bildu, PSOE y PP y la abstención del PNV. Y con posterioridad, el Gobierno de Urkullu incluso ha paralizado la mera exploración de gas con métodos convencionales alegando que no ofrece garantías medioambientales ni sociales. Hace unos días, y en este mismo sentido, el diputado foral alavés de Medio Ambiente, el peneuvista Josean Galera, declaró a EL CORREO que «espero que nunca tengamos que arrepentirnos de no buscar gas».
Urkullu se comprometió ayer, por otro lado, a que «desde las políticas públicas vamos a hacer lo posible por aliviar la incidencia en la sociedad y las familias. La UE está preparando un paquete de medidas de carácter extraordinario. El Gobierno vasco analizará también las vías para complementarlas».
En este contexto, la patronal guipuzcoana, Adegi, puso sobre la mesa su fórmula para contener la situación, a la vista de que el 62,5% de sus compañías ya están afectadas por la guerra en mayor o menor medida: pedir la activación de los ERTE o reducir jornadas entre las plantillas.
Sus homólogos de Cebek en Bizkaia mostraron también su preocupación por los efectos de la guerra, que está poniendo «en graves dificultades para fabricar y facturar» a muchas empresas, lo que a su vez está «provocando problemas de tesorería muy serios para afrontar pagos y compromisos financieros».
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