Urkullu exige un plan de apoyo a la automoción que no discrimine al diésel

La crisis de la automoción, que ya arrastraba problemas por la transición energética, ha quedado patente en las últimas semanas: se ha anunciado el cierre de Nissan en Barcelona, el desplome de las matriculaciones y también de la producción... Y es que el coronavirus ha hecho que se hunda la demanda y se haga más evidente el exceso de capacidad. Los grandes fabricantes están haciendo ajustes y España afronta este contexto con la debilidad de que los centros de decisión están fuera, en países como Francia y Alemania, que están siendo muy activos en tomar medidas, según recordó Urkullu.

«Hemos invertido recursos, tiempo y dinero en fortalecer este sector. Ahora no se puede abandonar a su suerte», advirtió el lehendakari. Euskadi cuenta con la planta de Mercedes en Vitoria y con una potentísima industria de componentes que emplea a 40.000 personas en la comunidad. No en vano, es la sede de gigantes como Cie Automotive, Gestamp y el Grupo Mondragón.

La carta, firmada por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, es muy clara respecto a lo que las ocho comunidades -Euskadi, Cataluña, Galicia, Valencia, Castilla-León, Aragón, Navarra y Madrid- piden al Gobierno español: un plan a corto plazo para dinamizar la demanda y una estrategia de medio y largo plazo, que defina una hoja de ruta por la que vaya a transitar el desarrollo industrial del sector. Abogan por crear una Mesa de Automoción para el debate, «pivotada desde el Gobierno de España». También señalan que la dotación de recursos debe ser inmediata, «sin esperar a los fondos que procedan de la Comisión Europea».

Respecto al corto plazo, las comunidades reclaman un Renove basado en la neutralidad tecnológica, es decir, que no discrimine al diésel y la gasolina. Advierten de que «si solo se fomenta la adquisición de vehículos eléctricos en un momento de crisis, se potencian los desequilibrios sociales en detrimento de las personas con menos recursos».

Euskadi ya hace tiempo que apostó por planes Renove que incluyesen a los diésel y gasolina. De hecho, este mismo lunes anunció un reforzamiento de su último programa, al rectificar los recortes aplicados a estas tecnologías y volver a situar las ayudas en 2.000 euros por coche. Es sabido que el Gobierno español ultima su propio plan, según anunció Sánchez, pero su concreción se está retrasando.

En relación también a la polémica en torno al diésel, los consejeros demandan un marco de actuación que dote a las empresas «de la máxima predictibilidad» en lo que se refiere a políticas públicas. «Sin un conocimiento de la evolución de normativas fiscales o medioambientales es difícil invertir en el sector», señalan.

Asimismo apuestan por el desarrollo de la red de recarga de vehículos eléctricos, el impuso de la I+D+i para el desarrollo de motores alternativos como el hidrógeno, una política basada en energías renovables y precios competitivos. Consideran necesario que haya una apuesta clara por las grandes empresas y que se impulse la vigilancia de las políticas de «dumping fiscal» de países externos a la UE.