Las viviendas que no se podrán vender o alquilar a partir de 2030

Gabriel Cuesta

Jueves, 11 de julio 2024 | Actualizado 01/08/2024 16:44h.

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El mercado inmobiliario en Europa afronta el reto de ser más sostenible y conseguir una mayor eficiencia energética. Y no es un camino a seguir opcional para los países que integran la UE. España debe abordar este reto con un parque de vivienda envejecido cuya media de edad es de 43,5 años, según los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). A corto plazo, debe abordar el cumplimiento de ciertos estándares que marca la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación de la Unión Europea para permitir poner en el mercado de compra-venta o en alquiler ciertos inmuebles usados.

Lo que marca la UE es que, a partir de 2030, todas las viviendas deben tener como mínimo una calificación energética E para poder ser vendidas o alquiladas. Se trata de una normativa europea que debe ser incorporada a las legislaciones nacionales de los estados miembros en un plazo de dos años. Esto hará que algunos propietarios deban abordar mejoras significativas en sus viviendas. Tres años más tarde, en 2033, el criterio se endurecerá y se exigirá una calificación mínima de D.

La estimación de la Asociación Nacional de Distribuidores de Materiales para la Construcción (Andimac) fija en el 83% la proporción de inmuebles en España con las peores calificaciones energéticas posibles, la F o la G. Esto significa que, si se desea vender o alquilar el inmueble, sus propietarios deberán acometer obras de rehabilitación y mejora energéticas. Aislamiento térmico, sustitución de ventanas y puertas por modelos más eficientes, nuevos sistemas de calefacción y aire acondicionado... Se trata de mejoras de diferentes ámbitos.

La normativa europea también obliga a tener desde 2013 un certificado de eficiencia energética. Un documento que ya se necesita para cualquier transacción inmobiliaria y que, a partir de 2030, cobrará un papel más importante en el mercado inmobiliario. Las nuevas exigencias han generado cierto temor en el sector, que espera que en el futuro la UE facilite fondos europeos para esta modernización.