El aumento del precio de la electricidad es uno de los principales problemas que tiene el Gobierno sobre la mesa en estos momentos. Pero no sólo por el malestar que genera en una parte de la sociedad, sino porque también le puede complicar la solución ... a otras cuestiones que estaban pendientes de una solución. La venta de la fábrica de Alcoa en San Ciprián (Lugo), es una de ellas. Si algo consume esa factoría es electricidad, hasta el punto de suponer prácticamente el 60% de los costes.
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Alcoa decidió cerrar esa factoría en la que trabajan algo más de 500 personas y en la que produce aluminio. La multinacional norteamericana fue clara al argumentar que con los costes de electricidad que tiene España -los que tenía antes incluso de la pandemia-, no es rentable producir en esas instalaciones. El cierre se congeló después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechazase el ERE de extinción de contratos presentado por la compañía, al advertir que hubo «mala fe» en la negociación.
El apaño que se había diseñado para salir del atolladero es más o menos el siguiente, ya que Alcoa insiste en el cierre: el Gobierno español trata de buscar un comprador para la factoría con el objetivo de salvar el mayor número posible de empleos. En esas estábamos -la ministra de Industria se reunió en Estados Unidos antes de las vacaciones de agosto con los máximos responsables de la multinacional-, cuando el coste de la electricidad se ha disparado hasta alcanzar récords históricos. Aunque el impacto en la industria es menos aparatoso -sus tarifas están ligadas a contratos más estables de medio plazo-, el aumento del precio de la electricidad acaba por calar más tarde o más temprano en todos los segmentos de consumidores.
Ya desde antes del verano hay varias empresas interesadas en adquirir las instalaciones de San Ciprián pero las negociaciones no han avanzado demasiado. Y el caldo de cultivo del momento, un coste desmedido de la factura eléctrica, no va a ayudar a que haya una resolución sencilla. Entre los interesados está el grupo vasco Sidenor, dentro de su estrategia de diversificación de actividades para escapar de una eventual crisis que puede afectar al acero especial que produce, principalmente, para el sector del automóvil.
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