resignación e incertidumbre

La abrumadora presencia de los contratos temporales en la creación de empleo y que uno de cada cinco jóvenes en Euskadi esté en paro explica también que la mayoría de la sociedad perciba con gran escepticismo, inseguridad e incertidumbre el futuro de sus hijos e hijas. Según el Deustobarómetro, solo el 23,2% cree que podrán emanciparse antes de los 30 años y solo el 23,2% que vayan a encontrar un empleo digno en Euskadi; también es muy bajo el porcentaje de los que creen que vayan a ser más felices que sus progenitores (12,9%).

Cuando se nos pide un ejercicio de proyección, de imaginarnos nuestro futuro y el de las generaciones venideras, el discurso imperante es el de la resignación ante la evidente incertidumbre y la instalada precariedad. No debemos pasar por alto que para el 66% la crisis no ha terminado, a pesar de lo que puedan estar diciendo los indicadores macroeconómicos. No deberíamos pasar por alto esta percepción cuando, además, viene acompañada de la constante constatación, desde el primer Deustobarómetro de diciembre de 2013, de que en torno a una cuarta parte de la sociedad está haciendo ajustes en su economía privándose de cuestiones como la alimentación, la compra de carne y pescado o la visita al dentista. En la última edición, sobre pobreza infantil, hemos recogido que el 31,2% ha renunciado a realizar actividades de ocio con sus hijos e hijas.

Sin embargo, a pesar de constatar que se está cronificando la precariedad y la integración relativa, a pesar de que existen claras evidencias de que vivimos en una sociedad en la que se ha instalado la desigualdad (según el Eustat, «la renta de las personas de condición socioeconómica alta casi duplica a la renta personal media»), parece que hay un porcentaje importante de la población (43,3%) que confía en la capacidad de nuestro modelo de bienestar para romper las inercias que provocan que la desigualdad y la pobreza se hereden. Es cierto que dicha creencia no se sostiene en datos objetivos, pero también que es una creencia que, de alguna manera, está apoyando y legitimando la inversión en la garantía de la educación, la sanidad y, sobre todo, los servicios sociales, como derechos subjetivos de ciudadanía. Medidas y prestaciones que no solo dignifican la vida de todas las personas, sino que dignifican nuestro modelo social.