¿Subirá la pensión máxima si se cotiza más? Y otras polémicas de la nueva reforma

Gobierno y agentes sociales encaran el último tramo de la reforma de las pensiones, que Bruselas obliga a aprobar antes del 31 de diciembre. El objetivo de las medidas aprobadas hasta ahora, y de las que aún quedan por pactar, es alcanzar la sostenibilidad de un sistema amenazado por las tendencias demográficas -envejecimiento de la población con el consiguiente aumento de pensionistas- y la precarización de los salarios.

El paquete de reformas, que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado ante las autoridades europeas, arrancó el año de la pandemia y desde entonces ha ido dejando un reguero de medidas, todas ellas de gran calado. Una de las primeras fue aprobar un nuevo sistema de revalorización de pensiones, que tomaba como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio del año. También se decidió penalizar la jubilación anticipada, con coeficientes reductores -el porcentaje que se resta a la pensión según el número de meses en que se adelante el retiro- más duros.

Al mismo tiempo, se incentiva a los trabajadores que retrasen su jubilación. Se les dará a elegir entre tres opciones: un porcentaje adicional del 4% a su prestación por cada año completo que se cotice tras cumplir la edad ordinaria; recibir una cantidad a tanto alzado (aproximadamente desde los 5.000 a los 12.000 euros); o una combinación de ambas.

Una de las medidas que más trabajo costó sacar adelante fue la reforma del sistema de cotización de los autónomos. El Gobierno y las principales asociaciones de autónomos mantuvieron un prolongado pulso antes de acordar una nueva tabla de bases de cotización, con el que se pretende ajustar las cuotas que los autónomos pagan a la Seguridad Social a sus rendimientos netos reales.

Esta semana ha comenzado la última fase de negociaciones que tendrán como protagonistas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y a los agentes sociales (los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE). Las dos grandes medidas que quedan por aprobar de aquí a final de año son las siguientes:

- Destope de las pensiones y bases de cotización máximas

Es una propuesta que a buen seguro conllevará buenas dosis de polémica, y que pondrá a prueba la cintura de Gobierno, sindicatos y patronal. Se denomina formalmente «adecuación de las bases máximas de cotización», y consiste en subir de forma progresiva la pensión máxima y, al mismo tiempo, eliminar el tope de la base (destopar) de cotización en su parte alta.

Actualmente los sueldos, por muy estratosféricos que sean, sólo cotizan hasta cierto límite. Este año ese techo está fijado en una base de 4.139,40 euros mensuales. Esto significa que la pensión máxima también está topada (2.819,18 euros mensuales con 14 pagas al año).

La elevación de las bases máximas de cotización conlleva, por tanto, un aumento de las pensiones de los sueldos más altos. Sin embargo, Escrivá cree que supondrá un aumento de los ingresos del sistema a corto plazo.

Podemos, el socio minoritario del Gobierno, es firme partidario de destopar las bases máximas de cotización, pero sin elevar el techo de las pensiones. Por su parte, la patronal no ve con buenos ojos esta medida, puesto que implicará un aumento de los costes laborales para las empresas.

- Aumento del periodo de años para calcular las nuevas pensiones

El Gobierno se propone «adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación». Hoy por hoy se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados.

El ministro Escrivá ya ha adelantado esta misma semana que ese periodo se ampliará, pero no hasta los 35 años, tal y como se había especulado en un primer momento. Se tratará, según sus palabras, de «pequeños ajustes para mejorar la equidad» del sistema de pensiones.

El Gobierno aspira a que este aumento del periodo de cómputo tenga un impacto «neutro». Ampliarlo hasta 35 años, según un estudio publicado este mismo miércoles por el Banco de España, supondría un recorte en la prestación de los nuevos jubilados del 8,2%. La propuesta del Ejecutivo, por su parte, abre la puerta incluso a que los trabajadores puedan excluir de ese cálculo los peores años. Es decir, aquellos en los que la cotización haya sido más baja.

Lo que está claro es que el cómputo de la pensión inicial de jubilación debe ser «más justo» con las nuevas carreras profesionales, que no se corresponden a las tradicionales trayectorias laborales. Así, para uno de cada tres trabajadores los años más beneficiosos -en cuanto a cotización- no son los últimos, tal y como solía ser habitual hasta hace poco.

- Revisión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El Gobierno ya ha aprobado este sistema, que busca responder s dos grandes retos. Uno, de carácter estructural, es el progresivo aumento de la esperanza de vida. El otro, más coyuntural, es el que representa el desequilibrio temporal entre el tamaño de las generaciones que acceden a la jubilación y las que están en edad de trabajar.

El MEI sustituye al derogado factor de sostenibilidad y permite, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación cuando también aumente la esperanza de vida. O cuando se reduzca la proporción entre trabajadores y pensionistas.

Es, en palabras del ministro Escrivá, un mecanismo «semiautomático» que sin embargo no acaba de convencer a Bruselas y, por tanto, será casi con toda seguridad objeto de revisión.

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